Tres cambios percibirán los estudiantes de escuelas y colegios a partir de este 2023. Se trata de la realización de pruebas nacionales para obtener el título de bachillerato o de sexto grado; la obligatoriedad de aprender a leer y escribir para pasar de primero a segundo grado y la realización de exámenes diagnósticos al principio y mitad de año,
Esas directrices forman parte de la nueva Ruta de la Educación, presentada este jueves por la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, durante un acto que tuvo lugar en la escuela María Vargas Rodríguez, en Ciruelas de la Alajuela.
La jerarca detalló que en el caso de las pruebas estandarizadas, su aplicación se realizará este año a unos 160.000 alumnos de centros públicos y privados en dos momentos: marzo para medir conocimientos (esta no tiene una calificación) y en octubre para otorgar una evaluación que en el caso de estos primeros dos años representará el 40% de la nota final.
“La prueba no solo se va a aplicar a fin de año, porque esa es una prueba que simplemente toma la temperatura al finalizar el año; vamos a aplicar el mismo concepto para medir cómo está al inicio del año en relación con el perfil de salida que tiene que tener al final del año”, explicó.
Otra de las novedades de esas pruebas es que serán digitales. En los centros educativos que carecen de conectividad los formularios se descargarían para aplicarse offline y en aquellos donde no hay equipos de cómputo, se harían de forma impresa.
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“Ese es el concepto de prueba estandarizada, medir la calidad de la educación. Si al principio los estudiantes no saben nada, está bien, pero al final del año, si sacan un 20% de logro, pues algo pasó en el sistema”, añadió la jerarca.
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La nueva evaluación fue aprobada por el Consejo Superior de Educación (CSE), luego de que en junio de 2022 optara por eliminar las pruebas Fortalecimiento de los Aprendizajes para Renovación de Oportunidades (FARO).
Con relación a las pruebas de diagnóstico que se aplicarán a todos los niveles, la jerarca apuntó que se trata de microevaluaciones que los docentes harán a sus estudiantes para elaborar planes de nivelación y atender a los estudiantes de acuerdo con las necesidades que arrojen dichas evaluaciones.
Este tipo de mediciones ya se hacía anteriormente, pero ahora se consolidarán los resultados de esos diagnósticos para determinar cuáles son los requerimientos de apoyo que se tiene en cada zona y asignar dichos refuerzos mediante recargos de puestos docentes.
Otro de los cambios anunciados es la obligatoriedad de aprender a leer y escribir como requisito para pasar de primero a segundo grado. La ministra fue enfática en que será requisito y habrá una evaluación, aunque recalcó que la idea no es que se queden, pues con el diagnóstico de los docentes se procurará enfilar los esfuerzos para evitar que los niños reprueben.
“Volvimos a la disciplina de que si no pasan, no pasan”, dijo la ministra, quien aseguró que los refuerzos citados se ejecutarán mediante recargos a docentes.
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Las aristas de la nueva ruta
Previo a la presentación de la ruta, el presidente Rodrigo Chaves explicó que para confeccionar la propuesta no se hicieron diagnósticos porque “hay de sobra”, sino consultas a los implicados en el proceso para saber “dónde les duele el zapato”.
De acuerdo con la ministra, en las consultas participaron 400 docentes, directores, estudiantes, sector privado, universidades públicas y privadas. Aseguró que se tomaron en cuenta requerimientos de sindicatos, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Estado de la Educación.
El éxito de la nueva ruta se medirá en tres cualidades que se buscará forjar en los adultos del futuro: competencias para una ciudadanía responsable, competencias para una vida sana y feliz y competencias para ganarse la vida con un empleo digno haciendo lo que les gusta.
Entre los componentes citados por la jerarca para lograr eso, destacaron la implementación de “aceleradores” tales como dinámicas, videos, ejercicios, trabajo en equipo, uso de robots y demás implementos para motivar a los estudiantes.
Además, dijo, se procurará una reforma a la ley de centros de cuido para que los niños que acuden a esos espacios también reciban educación.
La propuesta contempla reformas en el manejo de los recursos a cargo de las Juntas de Educación, con la intención de que estas se enfoquen en el mantenimiento de los centros.
Adicionalmente, se implementará un sistema para disminuir las labores administrativas de los docentes, a fin de que estos dediquen más tiempo a la atención de estudiantes y no a completar papeleos y lineamientos
Convenios y cursos
El MEP también propone que 126.000 estudiantes de colegios técnicos actualicen su oferta académica con ayuda de sector privado. Por ejemplo, un convenio con la empresa Oracle para certificarlos en Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y programación avanzada.
También se anunció que se brindarían créditos blandos por parte de Conape para que estudiantes de secundaria accedan a cursos de inglés y unos 2.500 docentes de inglés van a tener acceso a cursos en línea.
Müller aseguró que un 15% de la ruta presentada ya está cumplida, pues muchas de las propuestas ya tienen presupuestos asignados o el visto bueno del Consejo Superior de Educación.
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Con ese plan se pretende atender el apagón educativo, como lo calificó el Estado de la Educación, resultado de vacíos en aprendizajes por falta de lecciones y adecuados abordajes, los cuales han dejado a los alumnos sin conocimientos básicos al llegar a la universidad.
Consultada sobre dicha ruta, Isabel Román, del Estado de la Educación, dijo que pedirían el documento al MEP para estudiar el fundamento técnico y la viabilidad económica de lo que se propone. “Antes de eso prefiero no opinar porque sería poco serio de nuestra parte”.
Por su parte, el presidente del Conare y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González Alvarado, dijo que lo “negativo” de la propuesta es que no se les invitó a participar.
“La participación de las universidades privadas está bien, lo que no veo positivo es que no se nos haya invitado, teniendo el potencial que tienen las universidades públicas como órganos que históricamente han desarrollado más investigaciones y proyectos de extensión”, puntualizó González ante consulta de este medio.
La ministra insistió de que se ha tratado de “hacer polémica” con las universidades públicas y aseguró que estas sí participan en algunos de los programas incluidos en el plan.
“Nadie ha dicho que estamos cerrados con la cooperación con las universidades públicas. Estamos totalmente abierto, sigo coordinando con los rectores, ahora que ya tenemos la ruta y tenemos claro para donde vamos todas las universidades van a poder colaborar, también las privadas”, afirmó.