Por: Daniela Cerdas E. 2 marzo, 2016
Para el 2016, el aporte estatal para la UCR es de ¢254.800 millones, con el cual financia salarios, investigación, equipos y becas. | ARCHIVO/LA NACION
Para el 2016, el aporte estatal para la UCR es de ¢254.800 millones, con el cual financia salarios, investigación, equipos y becas. | ARCHIVO/LA NACION

El director de los posgrados de Odontología de la UCR, Ottón Fernández, aún no da explicaciones en torno a los cobros realizados a los alumnos de dos especialidades como contribución “voluntaria” de hasta $21.000 (¢11,3 millones), sin tener estudios que los justificaran.

Mediante cuatro correos electrónicos, La Nación solicitó a Fernández el detalle de cuántos alumnos de los posgrados de Odontopediatría y Prostodoncia pagaron y el monto de dinero se recaudó.

El funcionario, sin embargo, respondió este miércoles que tenía órdenes de la Rectoría de la UCR de no dar declaraciones.

"Soy una persona totalmente transparente. Tengo toda la información habida y por haber y la evidencia que se requiera para poder hacer la publicación en el sentido más amplio (...) con muchisísimo gusto me reúno con usted pero he recibido una directriz de la Rectoría de que tengo que reunirme con el Consejo Universitario y con el rector (Henning Jensen) y me pidieron que no puedo dar ningun tipo de declaración", dijo funcionario.

El lunes, el diario publicó que la Oficina de la Contraloría Universitaria realizó una investigación sobre estos cobros tras recibir una denuncia anónima.

Esa dependencia corroboró que se cobraban $14.000 (¢7,5 millones) en el posgrado de Odontopediatría, los cuales se pagaban en cuotas semestrales de $3.500 durante los dos años que duraba la especialidad. Además, en Prostodoncia se cobraba un monto de $21.000 que se cancelaba en tres abonos de $7.000 durante los tres años que duraba la especialidad. Estos cobros eran adicionales al pago de la matrícula.

En el informe, la Contraloría señaló que los estudiantes pagaron ese dinero, desde el 2009 y hasta el 2015, pese a que el cobro carecía de estudios técnicos que lo justificaran y se fijó con base en "acuerdos generales" de la Administración para la compra de materiales y equipo.

También la Contraloría detalló que, aunque Fernández afirmaba que "no había una consecuencia real para quien no lo pagara”, a los alumnos que se pasaban de la fecha de pago, se les cobraba un 20% de multa. Los mecanismos de cobro incluyeron cartas de recordatorio y mensajes a celulares. Una estudiante denunció que, por no haber realizado el pago, recibió malos tratos y sufrió repercusiones académicas y personales.

El rector Henning Jensen, confirmó que estos posgrados ya reciben dinero de la Universidad para funcionar. Por este motivo, el cobro no debió realizarse.

Fernández dijo que iba a contestar las preguntas enviadas hasta que se reuniera con el Consejo Universitario y con Jensen, quien, según informó, salió hoy del país.

"No me voy a arriesgar a que a mí me sancionen por haber desacatado y haberle contestado algo cuando me pidieron que esperara hasta reunirme con ambos grupos. Antes de su publicación, estábamos en el nivel de informarle, pero, por haber publicado eso, ellos quieren tener ciertos niveles de cautela y me imagino que habrá recomendaciones legales de por medio", afirmó Fernández.

Ni el rector, Henning Jensen, ni la decana del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Cecilia Díaz, pudieron contestar, días atrás, cuánto dinero se recaudó, cuántos estudiantes pagaron, ni detallar de la situación de esos pagos.

Díaz remitió a Ottón Fernández para que contestara esas preguntas y Jensen manifestó que él respetaba las jerarquías y que Díaz era la responsable de detallar sobre el tema. Sin embargo, aún ninguno de los tres han aclarado las dudas al respecto.

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