La Contraloría General de la República (CGR) afirmó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ha sido capaz de proveer acceso a internet de banda ancha a todos los centros educativos de Costa Rica, pese a existir desde el 2004 convenios con ese propósito. El reproche sobrevino luego de que el Ministerio responsabilizara a la CGR por el fallido proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB).
Tras varios tropiezos, el ministro de Educación, Steven González Cortés, solicitó excluir la REB como meta de esa cartera en el próximo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT); la hoja de ruta en la cual el Gobierno detalla sus principales iniciativas en tecnología y comunicaciones. Así lo hizo en una petición dirigida a Paola Vega Castillo, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Con ello, el MEP desistió de honrar su meta de dar acceso a internet de alta velocidad a 2.139 centros educativos, pues, según González, es imposible a corto plazo, luego de que la Contraloría le impidiera ejecutar el proyecto con la Fundación Omar Dengo y en su lugar les ordenara desarrollarlo desde el propio MEP, por considerar que había incumplimientos legales y técnicos al trasladar competencias esenciales del Estado a una entidad privada.
Este viernes, la Contraloría rechazó las razones de González y más bien cargó contra su cartera por el fracaso con la REB.
“Si bien desde 2018 se incluyen metas relacionadas con la REB en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, al momento de la emisión de la orden de la CGR en octubre de 2021, no se había iniciado con la conectividad de los centros educativos mediante la Fundación, aún cuando se habían transferido más de ¢6.000 millones y transcurrido 20 meses desde la suscripción del convenio respectivo”, indicó por escrito la Contraloría, en una nota a La Nación.
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En su mensaje, el ente contralor añadió que el MEP no ha sido capaz de llevar conectividad de banda ancha a todos los centros educativos de Costa Rica aún y cuando desde hace 18 años existían convenios con ese fin.
“Por lo tanto, no es de recibo que se justifiquen incumplimientos, ineficiencias o decisiones de la Administración del MEP en la orden emitida por la CGR, para con esa base excluir metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, remarcó la Contraloría.
A criterio de esa entidad, las decisiones en esta materia son competencia y responsabilidad exclusiva del MEP y aseguró haber sido “contundente” en la importancia de la REB para mejorar la educación pública pero, insistió en la responsabilidad de la actual Administración de asumir de inmediato medidas para retomar sus competencias en este proyecto mediante alternativas como contratación y colaboración de sujetos privados en el marco de la legalidad.
En su declaración del viernes, la Contraloría afirmó que “el Ministerio de Educación Pública debe entonces, sin excusas, dilación ni señalamientos sobre terceros, asumir su responsabilidad y resolver para beneficio de la población estudiantil”.
La Red Educativa la anunció el presidente Carlos Alvarado el 3 de agosto del 2018, para 4.514 centros. El costo total se había estimado en $350 millones, pues no solo procuraba conectividad por medio de fibra óptica, sino también servicios adicionales que se requieren, como infraestructura y equipo.
La REB supuestamente iba a dar velocidades desde 15 hasta 100 Megabits por segundo y tenía dos componentes. Uno a cargo del MEP (con 2.139 escuelas) y otro encargado a la Superintendencia de Telecomunicaciones que asumió 2.375 centros educativos con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Mientras el MEP se quedó varado, la Sutel apenas avanza y a diciembre había conectado solo 52 escuelas (1,1% del total).
