Durante este 2023 han trascendido amenazas de tiroteos en diferentes instituciones educativas del país, sin que alguna se haya concretado.
Las autoridades policiales y el Ministerio de Educación detectan que la alerta en falsa.
Solo el pasado jueves, tres colegios de la Gran Área Metropolitana suspendieron las lecciones por amenazas de este tipo.
La comisionada Hannia Cubillo, de la Dirección de Programas Policiales Preventivos, explicó a La Nación la forma en la que los oficiales trabajan en este tipo de amenazas. Insiste en que deben atender todas las alertas que se emitan por la complejidad de la situación.
-¿Cómo descartan una amenaza?
-Se descarta porque se hacen recorridos en la zona con perros para detectar objetos explosivos o armas de fuego, entonces, ahí se hace la detección y, si no hay ningún tipo de artefacto en el centro educativo, ahí vamos bajando la alerta.
“Se realiza una revisión de bultos y vamos viendo que la cosa no es tan cierta; sin embargo, se da presencia en los días posteriores, como el día de la activación de la alerta, para nosotros tener la presencia policial inmediata por cualquier situación que se vaya a dar”.
-¿Cómo realizan los jóvenes las amenazas?
-Siempre son anónimas. Puede ser que sean estudiantes que quieran estar jugando con el miedo o que no quieran clases; en realidad, no sabemos a ciencia cierta cuál es el fin de ellos, pero, por el momento, no se ha concretado ninguna. La mayoría son anónimas, como se esconden detrás de un perfil de redes sociales y no tenemos cómo identificarlos.
“Lo que hace el centro educativo es pasarle la información al Organismo de Investigación Judicial para que ellos hagan la detección del IP, o hacer un rastreo para saber si pueden dar con la persona que ha generado esos informes de alerta”.
“Nosotros, cada vez que se genera una alerta de este tipo, le damos la mayor importancia; siempre tenemos que presumir que podría darse, para alertar a los compañeros. Así, se va al centro educativo, se coordina con el director y se da presencia policial en los días posteriores”.
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-¿A qué se expone un menor de edad si amenaza con un tiroteo?
-Si el Organismo de Investigación Judicial, después de sus investigaciones logra identificar a la persona y si es un estudiante, ellos van a tener que comparecer ante la ley porque después de los 12 años son dueños de sus actos y van a tener que comparecer ante la Ley Penal Juvenil, ante el Ministerio Público y disciplinariamente, pues el centro educativo tomará acciones debidas, pero tiene que haber una individualización del acto.
-¿Qué sucede si se encuentra un arma dentro del centro educativo?
-Se activa el protocolo. El Ministerio de Educación Pública, en conjunto con Fuerza Pública, ya estableció protocolos para la presencia de armas, drogas y actos de violencia en el centro educativo, entonces, si hay un arma que se ubica dentro del lugar o algún artefacto explosivo, se hace el decomiso y se pone a disposición del Ministerio Público.
“Cada una de las unidades policiales hace su trabajo, en este caso, el OIJ tendría que abrir una investigación para dar con el responsable. Cuando hay alertas, generalmente llega el jefe de la delegación y de una vez se alerta a la Unidad Canina y los Agentes de Explosivos para que se presenten al lugar”.
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-¿Qué deben hacer los padres de familia en estos casos?
-La Dirección de Programas Policiales Preventivos tiene activos programas como DARE, GREAT, desde maternal hasta secundaria. Hemos trabajado con ellos (estudiantes) y con los docentes, pero necesitamos que los padres de familia se involucren. Cuando les hagamos la convocatoria para participar, que vengan. Este no es un problema que van a resolver solo los policías o docentes. Tenemos que involucrarnos todos y no podemos permitir que la violencia se empodere de los centros educativos y haga el daño que quiere hacer.