EscucharCon dos años de implementación, la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), aún no logra la transformación necesaria para atender las necesidades del mercado laboral.
Esa pareciera ser la principal conclusión de un estudio realizado por la Academia de Centroamérica, realizado para revisar el impacto de la ley que rige desde enero de 2021.
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“La reforma es contraria a la lógica que la motiva”, aseveró Jorge Cornick, uno de los responsables de la investigación. Para él, el gran problema reside en que el cambio en la normativa le dio cuatro funciones al Instituto, cuando solo el primero debería ser su norte.
Estas son:
- Capacitar mano de obra
- Acompañar el emprendimiento.
- Desarrollo empresarial
- Promoción social (becas)
Sin embargo, dijo, cada uno de esos objetivos requiere de conocimientos y estrategias distintas y la entidad falla en eso.
“Combinar en una institución cuatro misiones distintas que requieren conocimiento especializado es una mala lógica de desarrollo institucional y se evidencia en la razón por la que se hizo así. Esa razón es que en el INA está la plata (en referencia al superávit que tiene la entidad), pero la plata y el conocimiento especializado son dos cosas distintas”, dijo el investigador.
Ante estas circunstancias, el INA no ha podido cumplir el propósito que debería ser fundamental, que es capacitar para que la oferta educativa responda a lo que necesitan las empresas, lo que además aseguraría empleabilidad.
“Hay que capacitar y trabajar en colaboración con el sector productivo doméstico, para que la demanda y la oferta se exprese en un vocabulario compartido, que exprese las necesidades reales y concretas del sector productivo”, insistió la Academia.
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Los cambios
La reforma a la ley orgánica ordenó al Instituto actualizar sus programas de formación, posibilitó el pago de becas a estudiantes en otros centros de estudios públicos o privados, cuando la entidad no los pueda atender con sus propios programas.
Su rumbo era dar herramientas a las personas para que encuentren y mantengan empleos de calidad en las áreas que demanden las empresas, o para que emprendan con proyectos propios.
La nueva ley, además, le dio al INA la atribución de realizar investigaciones para actualizar su oferta de servicios, “en función de las dinámicas del mercado laboral, las necesidades del sector productivo y las personas trabajadoras”.
Las áreas con potencial de desarrollo, dice el texto, están relacionadas con la economía digital y los servicios, cuyas habilidades más demandadas son digitales y avanzadas.
Aspectos de mejora
Frente a los planteamientos y críticas del estudio, Juan Alfaro, presidente del INA, defendió la reforma. En su criterio, fue “oportuna”, pero, dijo, se debe entender la forma en que se logró.
“Entendiendo como funciona la política, fue la que se pudo construir bajo el diálogo social”, expresó.
El jerarca aceptó que hay aspectos que “podrían ser mejorados” y aseguró que actualmente trabajan en ello.
“La reglamentación no está escrita en piedra. Cuando yo llego se avanzó en temas de ayudas económicas, becas, régimen autónomo de empleo y que son bases importantes, pero que incluso al momento en que llegué, se identificaron aspectos que pueden ser mejorados, que pasan a la Junta Directiva y que en este momento están en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en consulta pública”, informó Alfaro.
Los cambios, según el funcionario, tienen como objetivo disminuir los plazos para otorgar becas y mejorar la brecha de género para poder atraer más mujeres a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
“Eso no es poca cosa, entendiendo las dificultades que tenemos como país”, añadió.
Alfaro le dijo a La Nación que con el tema del régimen autónomo de servicios, “ya hay cerca de 1.300 funcionarios que se han pasado y tienen un salario global”.
Ese régimen es una normativa interna que según el artículo 24 de la Ley Orgánica del INA, es definida por la Junta Directiva de la institución.
“Corresponderá a la Junta Directiva definir el escalafón, la estructura salarial y los criterios que en materia de remuneraciones aplicarán al Instituto mediante un régimen de salario global o único (...). La remuneración de las personas servidoras, así como de jerarcas, titulares subordinadas y cualquier otra persona funcionaria institucional, no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja”, reza el reglamento.
Las plazas que, por situaciones de jubilación, cese definitivo o ascenso de las personas que las ocupan quedan vacantes, ahora son trasladadas a las nuevas condiciones.
“Entre otros aspectos está el tema de las gerencias y subgerencias que ya han sido nombradas bajo la lógica de la nueva reforma, hemos invitado al Estado de la Nación para que formen parte de la Junta Directiva ad honorem y de igual forma a Cinde (Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones)”, dijo el presidente ejecutivo a este medio.
