EscucharCanadá y Costa Rica. Los abogados del Grupo EBI en Canadá amenazaron con demandar al exgerente financiero de la compañía en Costa Rica, Sébastien Hénault, si revelaba detalles sobre las actividades de la empresa que procesa en La Carpio la basura del cantón central de San José.
En una carta a Hénault, el 31 de mayo pasado, el bufete Lavery, De Billy, le advirtió al exgerente financiero sobre la visita -ese mismo día- de una periodista de La Nación a Canadá y sobre las consecuencias legales que enfrentaría si revelaba detalles.
La Nación buscó a Hénault en Canadá porque, en diciembre del 2001, el exgerente reveló su desacuerdo con la "política de pago de sobornos" por parte de las filiales costarricenses de EBI.
Ese argumento se ventiló en la Corte Superior de Québec, en Montreal, como parte de una demanda laboral que el exgerente inició luego de ser despedido de su puesto en Costa Rica.
Empresas Berthier EBI en Canadá intentó, durante meses, eliminar el párrafo 34 de la demanda de Hénault, en el que mencionó el pago de sobornos. Al final, la Corte de Apelaciones en Montreal resolvió mantener el párrafo y continuar con el proceso.
En diciembre del año pasado, cuando la causa estaba a punto de ir a un juicio en el que se ventilarían las pruebas aportadas por Hénault, EBI negoció, en privado, un acuerdo económico con el exgerente, el cual incluye cláusulas de confidencialidad.
La Nación visitó a Hénault en su casa en Canadá para conocer detalles sobre su afirmación en relación con el pago de sobornos. El exgerente explicó que no podía ampliar ese argumento debido a sus obligaciones de confidencialidad.
Consultado sobre si hablaría con autoridades judiciales costarricenses ante un eventual requerimiento, Hénault respondió: "Siempre he cooperado con la justicia".
La Nación también visitó al presidente de EBI, Pierre Sylvestre, en su casa en Berthierville, Québec, para conocer su versión sobre el alegato de Hénault ante la Corte.
En una breve conversación, Sylvestre se negó a dar declaraciones, cerró abruptamente la puerta de su casa y amenazó con llamar a la policía si el equipo de La Nación no se retiraba de su propiedad.
El abogado canadiense Guy Lemay, quien firma la carta de advertencia a Hénault, no respondió dos mensajes que se dejaron en su despacho en Montreal.
Michel Sylvestre, uno de los cuatro hermanos Sylvestre, accionistas del grupo canadiense y encargado de la operación en Costa Rica, tampoco respondió mensajes que se dejaron con el contralor de EBI en Canadá, Claude Joly y con su hermana Aline Sylvestre.
En San José, el gerente general de EBI en Costa Rica, Juan Carlos Obando, y el abogado de la empresa, Juan Vicente Durán, calificaron de inexplicable la reacción de los abogados de EBI y del presidente del grupo en Canadá.
En una entrevista con La Nación, el 13 de junio, ambos negaron que la firma haya pagado sobornos, dijeron que la empresa no tiene nada que ocultar y ofrecieron acceso a la información bancaria y contable de la compañía.
Este diario solicitó a la empresa el detalle de los movimientos bancarios de EBI y de Nueve Siete Cinco S. A. -otra filial- en cinco cuentas bancarias que abrieron en Scotiabank e Interfin.
Hasta ahora, la empresa solo ha entregado estados de cuenta parciales de dos cuentas en Scotiabank, una de ellas sin movimiento.
EBI anunció hace una semana que dejará el país el 30 de setiembre ante la postergación del cierre de Río Azul. EBI opera el relleno sanitario de La Carpio, en La Uruca, en donde se depositan los desechos del cantón central de San José.
Evidencia confidencial. La Nación obtuvo copia oficial del expediente de la causa de Hénault contra Empresas Berthier Inc. de Canadá, iniciada a mediados del 2001.
En ninguna parte del expediente se detalla a quién o quiénes se le habrían pagado sobornos, ni quién o cómo los habría pagado.
El exgerente reclamó 137.694,80 dólares canadienses por daños sufridos a raíz de la ruptura anticipada de su contrato laboral.
Hénault fue director de finanzas y de desarrollo de las filiales costarricenses Empresas Berthier EBI de Costa Rica S. A. y Nueve Siete Cinco S. A., entre el 10 de agosto de 1999 y el 1.° de febrero del 2001.
Su contrato se había prorrogado hasta el 9 de agosto del 2001, pero lo despidieron seis meses antes.
Toda la prueba que Hénault y su abogado recopilaron en relación con los supuestos sobornos se mantuvo confidencial durante el proceso y solo sería revelada durante el juicio. Sin embargo, el acuerdo privado entre las partes impidió la realización del juicio y, por ende, el conocimiento de la prueba.
El documento que menciona el pago de sobornos lo suscribió también el abogado de Hénault en ese momento, Philip Trudel.
El Código de Ética de los abogados de Québec exige a los juristas asegurarse de que sus alegatos no son falsos. Esto implica que, como parte de su ejercicio profesional, Trudel tuvo que tener acceso al menos a prueba indiciaria que sustentara el dicho de su cliente. El abogado prefirió no referirse al caso.
