EscucharUna fuerte descarga lanzaron ayer los representantes de 80 acreedores del Banco Federado contra la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a la cual responsabilizaron, junto al Banco Central, del descalabro financiero de la entidad.
El abogado Enrique Rojas Franco representante legal de 80 acreedores aseveró que la SUGEF debió haber supervisado a las cooperativas que llevaron a la quiebra al Federado. "Aunque el Banco Hipotecario de la Vivienda era un auxiliar en esa supervisión, la responsable titular era la SUGEF y, desde luego, el Banco Central como ente rector de la transparencia en el sistema bancario", aseveró Rojas.
Ayer se intentó conocer la versión del superintendente, Bernardo Alfaro, pero en su oficina se dijo que se encuentra fuera del país. Helberth Pineda, intendente, negó negligencia por parte de la SUGEF y explicó que la off shore (sucursal inscrita en el exterior) del Grupo Fedecrédito (Fedebank) no podía ser regulada, pues su domicilio estaba fuera del país. "Le correspondía a las autoridades de esa plaza ejercer la supervisión requerida", sostuvo.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) solicitó la quiebra del Banco Federado a comienzos de junio de 1999, por pérdidas de ¢3.337 millones.
En detalle
El interventor del Federado, Marco Hernández, describió en un informe dirigido al Conassif algunas de las irregularidades encontradas: "Indocumentación de cuentas por cobrar y por pagar, inexistencia de auxiliares para gran cantidad de cuentas, traslado de recursos a las empresas relacionadas con el Grupo Fedecrédito (..), contratos con serias irregularidades y cláusulas ilegales, gastos de las empresas relacionadas pagadas por el banco y situaciones irregulares en la concesión de crédito".
Se calcula que las pérdidas totales del Banco ascienden a más de ¢20.000 millones y que actualmente están pendientes de pago ¢4.500 millones, de los cuales ¢1.500 corresponden a clientes particulares y el resto a instituciones u organizaciones.
Reclamo y denuncia
Como parte de las acciones de los acreedores para recuperar su dinero, el pasado 11 de agosto presentaron un reclamo administrativo contra la Junta Directiva del Banco Central, la SUGEF, el Conassif, el presidente y el vicepresidente del Central, Eduardo Lizano y Alberto Dent, entre otros.
Los inversionistas piden que se les retribuyan ¢450 millones, de los cuales ¢150 millones corresponden a daños y perjuicios. "El Estado tiene que pagar; con este reclamo agotamos la vía administrativa y si no se resuelve a favor acudiremos a la vía judicial", adelantó Rojas Franco.
Durante la sesión, los acreedores también denunciaron supuestas irregularidades ocurridas durante el período de intervención del Federado. Una de la que más reacciones desató entre los diputados, cuestiona las compensaciones de créditos que se dieron entre algunos inversionistas; operaciones en las que, según ellos, se habría dado prioridad a las cooperativas accionistas del Banco.
Las compensaciones consisten en negociaciones entre acreedores y deudores del banco en quiebra, que permitieron a algunos inversionistas recuperar parte o la totalidad de sus recursos con el dinero de quienes mantenían obligaciones con la entidad. La mayoría de las compensaciones las efectuaron las cooperativas accionistas de Fedecrédito.
" Las cooperativas del grupo Fedecrédito tenían ventaja, contaban con listados de deudores del Banco con los cuales se apresuraron a negociar y trasladaron la mejor cartera crediticia a cada cooperativa", señala un documento presentado ayer por los acreedores ante los diputados. Marco Hernández, interventor del Federado, prefirió no dar declaraciones al ser consultado.
