EscucharDesde el viernes anterior dos empresas procesan la basura en Río Azul y cada una se atribuye con documentos el derecho de permanecer en el lugar.
Tanto la Constructora Tradasa como la compañía WPP Continental de Costa Rica cuentan con un contrato que las acredita como responsables del manejo y tratamiento de 1.200 toneladas de desperdicios, que diariamente ingresan al vertedero en La Unión de Cartago.
Mientras Tradasa tiene un compromiso con la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), hasta que se cumpla con el cierre técnico del relleno, la WPP recibió el refrendo de la Contraloría General de la República para trabajar en el lugar desde el 18 de mayo anterior y por un máximo de cuatro meses.
Con la política gubernamental de regionalización de los rellenos sanitarios la administración de Río Azul pasó en forma efectiva a manos de las municipalidades de La Unión y Curridabat desde el 16 de mayo pasado. Antes era controlado por la CNE.
Estos dos municipios, a través de una contratación privada, seleccionaron a WPP como la empresa encargada del tratamiento de los desperdicios, mientras se conformaba un cartel de licitación pública.
Sin embargo, la CNE no ha dispuesto la salida de Tradasa del relleno, por lo que ambas empresas ahora compiten por la administración del lugar.
Según Alcides Jiménez, gerente de Tradasa, la CNE no les ha rescindido el convenio de operaciones por lo que hasta que este no venza no tienen razones para abandonar el relleno.
Por su parte, el presidente de WPP Continental, Milton Fonseca, aclaró que a partir del refrendo de la Contraloría su empresa tiene todo el derecho de entrar a operar al botadero.
"De buena fe"
Aunque el alcalde de Curridabat, Manuel Aguilar, prefirió no referirse específicamente al problema con Tradasa, aseguró que todos los trámites para la incursión de WPP en el relleno se han dado "de buena fe".
"Los conflictos con Tradasa los desconozco; ese en un problema de la Comisión y a ellos les corresponde resolverlos", agregó.
Al respecto, en un boletín de prensa la CNE aclaró que la institución cumplirá con los trámites de liquidación contable y administrativa en cinco días hábiles a partir de ayer.
Así las cosas, WPP trabajaría ría legalmente a partir del viernes próximo.
Jiménez dijo que : "Si quieren, los representantes de la CNE pueden recurrir a un rompimiento unilateral del contrato, pero todo eso tiene un costo".
De ser así, la indemnización a Tradasa equivaldría al pago de ¢40 millones por mes durante el tiempo que se requiera para cerrar el relleno.
Jiménez anunció que mañana la compañía interpondrá un reclamo administrativo ante la CNE por incumplimiento de contrato.
