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Aunque un grupo de cinco legisladores nicaragüenses llegó ayer al Congreso a plantear reclamos por el trato a coterráneos suyos en un operativo policial en La Carpio, los legisladores costarricenses refutaron los cargos.
Supuestos “ultrajes” y “violaciones a los derechos humanos” fueron parte de los hechos que, según los congresistas extranjeros, hubo el viernes 30 de enero en esa ciudadela, ubicada en La Uruca, San José, y en la cual viven unas 35.000 personas, muchas nicaragüenses.
Ese día, la Fuerza Pública y la Policía de Migración hicieron una redada para revisar la condición jurídica y migratoria de unas 600 personas en el lugar.
La queja de los legisladores de Nicaragua se dio ante los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales, presidida por el socialcristiano Rolando Laclé.
Queja y réplica
Orlando Mayorga, del partido Camino Cristiano, y jefe de la delegación visitante, expuso que la meta es investigar el “ultraje físico” y el “ultraje a los derechos humanos” del que han tenido conocimiento.
Carlos Gadea, del oficialista Partido Liberal Constitucionalista, dijo que su investigación se basa en un informe de la Presidencia de su país y reportes de la prensa nicaragüense.
Gadea habló de aparentes capturas ilegales, allanamiento de viviendas, abandono de niños y discriminación.
Laclé explicó a los visitantes que la intención del operativo policial fue mantener el orden público y hacer respetar las leyes.
Detalló que hubo 38 personas deportadas a Nicaragua pues se encontraban en condición ilegal.
Además 14 tenían líos judiciales pendientes y 52 habían ingresado al país en forma ilegal; a estos se les dio tiempo para regularizar su situación migratoria.
Insistió en que si tenían prueba de algún hecho irregular, la presentaran para investigarla.
Juan José Vargas, del Bloque Patriótico, fue tajante: “Si hay pruebas (de violación a derechos humanos) no hay ni siquiera que hablar, hay que poner la denuncia donde haya que ponerla”, dijo.
Sostuvo que como creyente, él es defensor del orden, “porque donde hay orden está Dios”, e insistió en que la acción en La Carpio fue para poner orden y hacer cumplir la ley costarricense.
Ante un pedido de los nicaragüenses para que un proyecto de ley migratoria “no sea tan duro” con los extranjeros, Laura Chinchilla, de Liberación, hizo una comparación entre las legislaciones migratorias de ambos países.
Explicó que Nicaragua mantiene vigentes normas de restricción de ingreso a su territorio de personas con enfermedades infecto contagiosas o que practiquen la vagancia, lo cual no incluye la ley migratoria tica.
Los diputados nicas expondrán a la prensa, a su regreso a Managua, lo indagado.
