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El exmagistrado constitucional Carlos Arguedas, actual diputado del PLN, declaró que tiene razón la Defensoría de los Habitantes en sus críticas contra el proyecto de ley para reformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
En criterio de Arguedas, la reforma planteada por el Gobierno le daría poderes excesivos a la DIS.
"Las atribuciones que se le dan a la Dirección son un elenco numerosísimo de atribuciones generalmente concebidas a partir de expresiones que constituyen conceptos jurídictos indeterminados, lo que permitiría ese ámbito de discrecionalidad excesivo", dijo el legislador.
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"Este plan amerita, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, que sea cuidadosamente observado, escrutado, examinado, porque la capacidad de arbitrariedad de un órgano como la DIS es superlativa", comentó Arguedas, de Liberación Nacional (PLN).
En un informe enviado el 20 de feberro a los 57 diputados, por la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, se concluye que el proyecto de ley 19.346 no descarta el espionaje a los ciudadanos por parte del aparato de inteligencia de Casa Presidencial.
El exmagistrado de la Sala IV declaró que la reforma presenta escasez de límites y ausencia de controles sobre la DIS, cosa que también alarmó bastante a la defensora Solano Carboni.
En su artículo 3, el plan de ley define las labores de inteligencia de la agencia del Gobierno como "la obtención, acopio, sistematización, análisis, almacenamiento y procesamiento de información relevante a la prevención o respuesta a riesgos, amenazas o agresiones contra la soberanía nacional, la integridad territorial de la nación, los intereses nacionales, la paz social, el orden público, la estabilidad del Estado o el orden constitucional".
Sin embargo, no define las herramientas a las que puede acceder para cumplir con esas labores.
El plan pretende transformar la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).
La defensora también criticó que la iniciativa desconcentraría a la DIEN de su actual autoridad política, el Ministerio de la Presidencia, cosa que considera inconveniente. El diputado Arguedas cuestionó que se le dote esa "independencia administrativa superlativa" a la actual DIS.
Una semana después de lanzadas las advertencias de la Defensoría, el Gobierno retiró el expediente el 28 de febrero de la agenda de proyectos que se conocen en sesiones extraordinarias (periodo de abril a diciembre en que el Ejecutivo es el que manda en el trabajo de los diputados).
"Creo que el proyecto está retirado actualmente de la Asamblea, pero puede volver en cualquier momento", comentó Arguedas.
Ciudadanos bajo escrutinio
En la misma línea del espionaje que le atribuye la Defensoría a la DIS, en el pasado y hacia futuro, Arguedas argumentó que todos los ciudadanos, incluido él, pueden haber sido objeto de escrutinio de un órgano como esta Dirección, y que por eso tiene una sensibilidad mayor hacia lo planteado por Montserrat Solano.
La DIS opera actualmente con base en unos artículos incluidos en la Ley General de Policía.
Según el criterio jurídico de Arguedas, esta agencia bajo "un régimen infralegal que la posibilidad de desplegar la actividad que desplegaba con escaso fundamento y naturalmente con escasos límites fijados en un estatuto legal".
Por eso, considera conveniente que se le otorgue un mejor marco legal, pero sin incurrir en excesos.
Aunque Arguedas lanzó estas críticas hacia el plan que ya tiene dos dictámenes positivos generados en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, el presidente de ese órgano, el también liberacionista Ronny Monge, arguye que el texto de la reforma es lo que se ha podido lograr.
"Eso es lo que hoy hemos tenido los votos para construir. Si hay una voluntad mayoritaria para ponerle más límites y lo construyen sin que afecte la conexidad del proyecto presentado, yo no tengo ningún problema en que se siga discutiendo eso", dijo Monge.
Luego de recibir dictamen de la Comisión, en octubre del 2016, al proyecto se le van a tramitar poco más de 250 mociones de fondo, según lo establece el artículo 137 del Reglamento legislativo. Esos cambios de fondo podrían ser la oportunidad para modificar lo alertado por la Defensoría.
No obstante, en su alegato, Montserrat Solano más bien solicitó que se archive la reforma legal.
"Nosotros en la Asamblea asumimos una DIS muy cuestionada, porque se ha dicho que históricamente ha hecho inteligencia política, que ha perseguido personas por su filiación o su ideología; hemos intentado ponerle una cantidad de límites transformando algunos aspectos de esa dirección", adujo Monge, presidente de la Comisión de Seguridad.
