Los empresarios José Luis y Mariano López Gómez, acusados por la quiebra del Banco Anglo Costarricense (BAC) y quienes huyeron a Chile en setiembre, fueron detenidos anoche en ese país suramericano.
La orden de prisión preventiva, por tiempo indefinido, la giró a las 8 p. m. (5 p. m. hora de Costa Rica), el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Roberto Dávila, ante quien ambos rindieron declaración durante cinco horas cada uno.
Los hermanos fugados, que ingresaron a Chile el 12 de setiembre en un vuelo procedente de Panamá, fueron trasladados al anexo de la cárcel Capuchinos, un presidio que anteriormente fue un convento y se ubica en el centro de Santiago.
Su abogado, Juan Agustín Figueroa, anunció ante los medios de comunicación chilenos que a partir de hoy solicitará la libertad condicional de sus clientes.
A José Luis y Mariano López se les acusa aquí --en conjunto-- por 35 delitos, entre ellos peculado, fraude de simulación y estelionato, pues se les relaciona con la supuesta compra de deuda externa nacional y extranjera a nombre del desaparecido Banco Anglo Costarricense.
Anoche, Francisco Campos, abogado costarricense de los comisionistas, aseguró que desconocía la detención, pero sabía de esa posibilidad. "Lo que me ha comentado la familia es que estaban deseosos de que el asunto llegara ya. Tengo entendido que están desesperados porque el asunto sea juzgado en Chile", dijo.
El vicecanciller costarricense, Wálter Niehaus, se mostró muy satisfecho por la celeridad con que ha actuado la justicia chilena y por el asesoramiento de los abogados contratados por el Gobierno para pedir --mediante el cónsul general, Rodrigo Redondo-- el encarcelamiento de los fugitivos.
Largo interrogatorio
Según explicaron anoche Pedro Lezaeta, del diario La Tercera, y Fernando Marambio, de El Mercurio, entre las 9 a. m. y las 2 p.m. de ayer, José Luis López rindió explicaciones de su caso ante la máxima autoridad judicial chilena.
Al ingresar al edificio de los tribunales, el empresario se negó a hablar con la prensa. Entró vestido con traje entero formal y rodeado de varios amigos que lo cubrieron. I ncluso trataron de impedir que se le tomaran fotografías.
Por separado, a las 4:30 p. m. (1:30 p. m. de Costa Rica) llegó Mariano López a rendir declaración.
Un poco más abierto, se limitó a decir: "Vinimos a Chile en busca de justicia. Huimos de allá (de Costa Rica), de la discriminación, de las humillaciones y de las vejaciones que nos hicieron a nosotros y nuestras familias. Es todo lo que podemos decir".
Figueroa, su representante legal, aseguró ante los periodistas que sus clientes se vieron obligados a escapar pues "han sido objeto de una ensañada persecución por parte del Estado y los tribunales de Costa Rica".
Según su criterio, no existen los méritos para que sean extraditados, por tres factores: el principio de reciprocidad, la prescripción del delito de acuerdo con la legislación costarricense y porque la legislación de Chile establece que el peculado solo lo cometen funcionarios públicos.
Por el país
Al frente, Manuel Guzmán Vial, abogado contratado por Costa Rica en Santiago, dijo --vía telefónica-- que el interrogatorio es el primer paso del proceso, aunque expresó desconocer el contenido exacto de las declaraciones dado que es un proceso sumario y secreto.
El juez Éwald Acuña, quien envió el primer exhorto para solicitar la extradición, afirmó estar sorprendido por haberse enterado por la prensa, pero manifestó estar esperanzado en que el trámite permita la extradición o el juzgamiento en Chile por los delitos que se les acusa aquí.
Para hoy se tiene programada la continuación del interrogatorio a Mariano López.
José Ale, reportero de La Tercera, explicó anoche que el Código Penal de su país establece que la persona debe permanecer en prisión preventiva hasta el término del juicio de extradición, a la espera del fallo.
Colaboró en esta información Giannina Segnini, redactora de La Nación.
Debacle del BAC
Concluye lectura de acusaciones
Giannina SegniniRedactora de La Nación
Tras siete días de sesiones continuas, el Tribunal de Juicio de San José concluyó ayer la lectura de los 865 folios que contienen los cargos contra los siete imputados por la debacle financiera del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC).
A las 10:11 a. m., la jueza Jeannette Villarreal, quien preside, dio por finalizada la lectura del requerimiento de elevación a juicio preparado por la Fiscalía --de 106 páginas-- y del auto de elevación a juicio --de 759 folios-- elaborado por el juez que instruyó la causa, Éwald Acuña.
En ambos documentos se esbozan los hechos acusados y los cargos de peculado que deberán enfrentar seis exdirectivos del Anglo (7 cada uno) y su exgerente general, Carlos Hernán Robles Macaya (17 peculados).
El Banco Anglo cerró sus puertas el 14 de setiembre de 1994.
La jueza no reanudó el debate, ayer en la tarde, con el fin de que las partes se preparen para la presentación de incidencias que dará inicio hoy, a partir de las 8:00 a m. "Estamos bastante cansados y el Tribunal razonablemente estima que es mejor, por el gran esfuerzo que se ha realizado, dejar la tarde de hoy para que las partes se preparen para la audiencia de mañana", argumentó.
Según Villarreal, el primer punto que se discutirá hoy será la solicitud que presentó la Procuraduría General de la República para que la acción civil resarcitoria contra los hermanos José Luis y Mariano López Gómez -- imputados en la causa, que se fugaron a Chile un mes antes del juicio-- se pueda seguir paralelamente al debate penal, pese a la ausencia de ellos.
El Tribunal dio audiencia a las partes --acusados y fiscales--para que, si así lo desean, se pronuncien sobre esa solicitud.
Francisco Castillo, abogado de cuatro de los exdirectivos del Anglo (Mánfred Amhrein, Rónald Fernández, Edwin Salazar y Carlos Osborne), adelantó que apoyará la gestión de la Procuraduría; Rodolfo Solórzano y Rodolfo Brenes --defensores públicos de los exdirectivos Carlos Manuel González y Arturo Fallas-- no se manifestarán sobre ese punto.
Mientras, Sergio Triunfo, representante del exgerente Robles, aseguró que sí emitirá su criterio, mas prefirió no revelarlo.
Además, los defensores tendrán la posibilidad de presentar cualquier incidente relacionado con el proceso que se inicia.