EscucharHabía una vez un rey que tenía ¢100 -fruto del trabajo de sus lacayos- para cubrir los gastos de un reino que enfrentaba muchas necesidades.
El rey le prometió a sus súbditos aliviar sus problemas de techo, salud, educación, vías y seguridad, entre otros, pero a la hora de decidir en qué gastar el dinero cayó en la cuenta de que debía desembolsar ¢38 para pagar las deudas e intereses de su imperio.
También vio que era necesario girar ¢12,50 para cubrir pensiones y que no podría librarse de regalarle ¢4,40 a los exportadores como parte de una concesión decretada por alguno de sus predecesores.
¿Qué hacer con los restantes ¢45,10? -fue la preocupación que surcó su mente-. Decidió entonces cumplir una de sus promesas y darle ¢22 a los lugares donde se enseñaba a los jóvenes y destinar ¢5,50 para arreglar caminos. Esta decisión implicó recortar los recursos para el resto de necesidades.
Este cuento no tiene un final feliz para todos. Tampoco lo tiene la historia de la distribución de los ¢814.507 millones que los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pretenden gastar durante 1999, monto 28 por ciento mayor que el permiso de gastos por ¢636.000 millones aprobado para 1998.
Estas cifras provienen del Presupuesto Ordinario para el próximo año que entregó ayer, tal como lo dispone la Constitución Política, el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
La histórica suma que el año entrante se prevé gastar en el pago de la deuda pública ha generado que los recursos para todas las demás necesidades del país resulten muy restringidos, hasta el punto que las asignaciones a algunos ministerios como Salud y Gobernación y Policía resultaron con recortes.
Problema viejo
Para echar leña al fuego y atizar el problema de la deuda el año entrante, el Gobierno pedirá más prestado para atender sus erogaciones. En total, el ejecutivo pretende salir a vender el próximo año ¢320.000 millones en títulos de deuda y pagar cerca de ¢107.000 millones, con lo cual la venta neta sería de unos ¢213.000 millones.
Al leer ayer, en medio de los periodistas, varias hojas escritas a mano, el ministro de Hacienda, Leonel Baruch, señaló, con tono de preocupación, que con los ¢201.000 millones que estiman pagarán en intereses de deuda se podrían construir 45.000 aulas nuevas, 230 clínicas ó 2.300 kilómetros de nueva carretera.
"Lo que todos debemos hacer es atacar el fondo del problema: la deuda interna", comentó. Una vía, según el jerarca, es la venta de empresas estatales, "Somos un Estado rico en activos, con un pueblo lleno de necesidades", añadió.
Aunque no todos los sectores coinciden con la propuesta de solución, pocos se oponen a que este es un grave problema (véase nota aparte).
Pero la necesidad de enfrentar esta dificultad es ya historia. Desde noviembre de 1996 una comisión que analizó el problema sugirió una serie de propuestas las cuales han caminado muy lento y con tropezones. Entre ellas estaba incluida que las instituciones públicas condonaran parte de los montos que el Estado les debe y que pagaran impuesto de la renta, ideas que no se han logrado concretar tal como sus leyes lo establecieron.
No es el único
Pero la deuda interna no es la única dificultad fiscal que queda reflejada en el plan de gastos. Una parte importante del presupuesto se lo llevarán los Certificados de Abono Tributario (CAT), incentivos en forma de certificados intercambiables por dinero que reciben las empresas exportadoras de bienes no tradicionales. En 1999 cerca de 200 firmas recibirán, cada una en promedio, ¢180 millones.
El monto que se destinará en CAT -¢36.000 millones- es mayor que el presupuesto completo que recibirá el Ministerio de Salud o el de Seguridad, que son dos áreas que resultarán con ajustados planes el próximo año.
Según el ministro de Seguridad y Gobernación, Juan Rafael Lizano, con los recursos con que dispondrá el próximo año no podrá renovar la flotilla de motocicletas y radiopatrullas con fondos del Gobierno. En el sector salud, la viceministra Xinia Carvajal afirmó: "Estamos haciendo milagros con lo que tenemos."
Aunque su permiso para gastar crece en 1999, la Asamblea Legislativa es otra de las entidades que hizo ajustes. El presidente del plenario, Luis Fishman, reiteró ayer que esta entidad recortó todas las partidas de gasto superfluo y eliminó la partida de gastos confidenciales.
Estos recortes son parte del interés del Gobierno de llevar el faltante fiscal de todo el sector público (incluye Presidencia, ministerios e instituciones públicas) a un 2,8 por ciento respecto al producto interno bruto (PIB) este año con el fin de evitar presiones en los precios. Para el año entrante, el Gobierno prevé que la inflación rondará el 12 por ciento.
Baruch enfatizó ayer que aún con este ajustado presupuesto, el ejecutivo realizó un esfuerzo para reforzar dos sectores: educación e infraestructura.
De esta forma educación se lleva casi la quinta parte del plan de gastos, porcentaje similar al de años anteriores y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le incluyeron cerca de ¢23.000 millones para el Consejo Nacional de Vialidad, que se encargará de mantener la red vial del área metropolitana.
Estas propuestas deben ser ahora analizadas por los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios, cuyo presidente es el socialcristiano Alvaro Trejos.
Esta comisión tiene hasta el 20 de octubre para votarlo y luego el plenario tendrá tiempo hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.
