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El Gobierno dio ayer un segundo paso hacia la ruptura anticipada del contrato con Alterra, tras no llegar a un acuerdo con los bancos que financian la ampliación del aeropuerto Juan Santamaría sobre el monto máximo de las multas por atrasos en las obras.
Tras 15 días de negociaciones, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) se negó a asumir sanciones por un monto superior a $9 millones (¢4.680 millones).
Este era uno de los cinco requisitos que el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) exigió para aprobar un plan de equilibrio financiero del contrato de gestión interesada del aeropuerto.
Sin un acuerdo entre las partes, la ministra de Transportes, Karla González, y la presidenta del CTAC, Viviana Martín, abrieron ayer la segunda etapa del proceso de finiquito anticipado del contrato con Alterra.
A partir de hoy, el gestor tiene 60 días hábiles para presentar una propuesta de “remediación” que rescate el proyecto de modernización de la terminal. Así lo establece la cláusula 24.1.2 del contrato.
Esa propuesta debe incorporar un modelo financiero que le permita a Alterra terminar las obras de ampliación y pagar un crédito por $120 millones con el IFC, el cual está suspendido desde marzo del 2003.
El Gobierno dio el primer paso hacia la ruptura con Alterra el 18 de diciembre del 2006, cuando consideró que no había garantía de que el gestor obtendría los $44 millones que faltan para terminar la ampliación del aeropuerto.
A partir de ese momento, se inició un proceso de negociación con el IFC para buscar una solución al supuesto desajuste financiero del contrato.
Sin embargo, tras seis meses de reuniones, las posibilidades de acuerdo se diluyeron principalmente por el tema de las multas.
Razonamiento. Según la ministra González, es “ilógico” que los bancos fijen un monto máximo de multas en un contrato que podría extenderse 17 años más.
El CTAC asegura que Alterra será sancionada por supuestos retrasos en la construcción de la torre de control de la terminal aérea o en el asfaltado de la calle de rodaje.
Alterra alega que las demoras se deben a situaciones ajenas a su control, entre ellas problemas climáticos o el retraso en los permisos de construcción que da el CTAC.
Ultima propuesta. Martín manifestó que Alterra debe presentar ahora un plan de “remediación” que incorpore las cinco cláusulas solicitadas por el CTAC, incluido que no se imponga un tope a las multas por incumplimientos del gestor.
Los otros cuatro requisitos son que el contrato con Alterra pase de 20 a 23 años y medio, y no a 25 años como solicitaba el IFC.
Además, que el gestor debe retirar la demanda interpuesta contra el Estado por supuesto incumplimiento del contrato, garantizar que cuenta con $44 millones para terminar el aeropuerto y concluir en diciembre próximo la nueva sala de Migración.
Si al cumplirse los 60 días hábiles no hay una propuesta o el CTAC la rechaza, los bancos acreedores están en la obligación de proponer nombres de empresas que sustituyan a Alterra.
La viceministra Martín aseguró que desde ahora pidieron a los bancos que busquen compañías con experiencia internacional en la administración de aeropuertos, a fin de estar preparados por “una eventual salida de Alterra”.
Anoche, Héctor García Salgó, presidente de Alterra, dijo lamentar que no hubiese un acuerdo entre los bancos y el Gobierno.
“Alterra en todo momento respaldó la propuesta financiera conjunta con el IFC, que permitiría resolver los problemas que han afectado al Santamaría por más de cuatro años”, declaró en un comunicado de prensa.
Ninguna de las partes adelantó acerca de qué pasará con las obras que están en construcción, como las nuevas salas de abordaje y de Migración.
