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La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a los candidatos presidenciales y a los aspirantes a diputaciones de los partidos políticos a atender los grandes desafíos que enfrenta Costa Rica en la agenda de derechos humanos.
Este martes, el ente defensor presentó a las distintas candidaturas en las elecciones 2026 el estado de situación de los derechos humanos en Costa Rica, el cual, según la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, demanda una atención inmediata por parte de la clase política y compete directamente a quienes asumirán cargos de elección popular en los próximos comicios.
Al evento se presentaron representantes de 17 partidos políticos.
“Lo que se busca es darle a luz a los candidatos y candidatas de que en efecto tienen una aliada que tiene datos que pueden ayudar para el trabajo que van a hacer en esta coyuntura difícil”, dijo a La Nación Cruickshank.
Señaló que en Costa Rica en materia de derechos humanos, “lejos de progresar, ha habido retrocesos”. Explicó que dicha situación no se debe necesariamente al actuar del actual gobierno, sino que “es un compendio de situaciones que se van agravando”.
Señaló que, ante estos retrocesos, aún se está a tiempo de realizar los cambios que el país necesita, especialmente garantizando a las personas una vida digna. Por ello, Cruickshank enfatizó en la importancia de que el próximo presidente asuma un compromiso nacional de cuatro años, basado en el trabajo conjunto para la defensa de los derechos humanos.
En esa línea, mencionó que desde la Defensoría se ha incrementado el trabajo con la Asamblea Legislativa, tanto en comisiones como en la revisión de criterios de proyectos de ley.
Indicó, también, que constantemente están emitiendo recomendaciones a instituciones públicas, no como un órgano persecutor, sino como una entidad que busca coadyuvar en la defensa de los derechos “para que no se agraven más”.
Deudas en derechos humanos
De acuerdo con la Defensoría, las grandes deudas actuales en derechos humanos en el país corresponden a políticas sin planes de acción o sin ejecución, como la Política Nacional de Atención Integral para las Personas en Situación de Abandono y Calle; la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que carece de plan de acción; y la Política Nacional de Seguridad.
Asimismo, hay una inexistencia de políticas en materia de integridad y lucha contra la corrupción; en derechos de los pueblos indígenas; en atención integral a la población migrante; y en política criminal.
A ello se suma la ausencia de leyes como una Ley Integral de Igualdad y No Discriminación, así como una legislación para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
