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La Defensoría de los Habitantes reportó que al menos 36 centros de cuido para adultos mayores tienen órdenes sanitarias emitidas entre 2019 y 2025, tras advertir fallas de coordinación entre el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
El ente identificó inconsistencias en los registros de estos centros, con mayor incidencia en los últimos dos años.
La investigación también detectó diferencias en el seguimiento de los casos. Algunos centros mantienen órdenes pendientes de cumplimiento, otros cuentan con plazos vigentes y algunos ya realizaron las correcciones solicitadas.
Entre los hallazgos, destaca el caso de un hogar en el cantón de Mora, en San José, donde las autoridades sanitarias informaron haber notificado al Conapam sin obtener respuesta, pese a que incluso se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por posible abandono de personas adultas mayores en condición vulnerable.
Asimismo, la Defensoría identificó un establecimiento con cierre técnico que no aparece en los registros del Conapam, mientras que en el mismo sitio se intenta abrir un nuevo hogar bajo otra figura jurídica sin cumplir los requisitos de habilitación.
También se detectaron inconsistencias en otros casos: un hogar en Esparza y otro en Quepos, ambos en Puntarenas, figuran en los registros del Conapam con órdenes sanitarias, pero no aparecen en los datos del Ministerio de Salud .
La Defensoría subrayó que las órdenes sanitarias no son trámites administrativos, sino herramientas clave para garantizar derechos fundamentales como la salud, la integridad personal y una vida digna de las personas adultas mayores.
Ante este panorama, la entidad recomendó al Conapam definir una ruta de trabajo clara para identificar centros en riesgo de cierre y planificar eventuales reubicaciones de residentes.
Al Ministerio de Salud le instó a reforzar la comunicación interna y asegurar que todas las órdenes sanitarias sean notificadas de forma inmediata y documentada al Conapam, sin excepciones.
“La protección de las personas adultas mayores no admite dilaciones injustificadas ni respuestas fragmentadas”, concluyó la Defensoría.
