Escuchar
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, envió este 27 de julio de 2026 una carta abierta a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. En el documento, la jerarca recordó la historia del país respecto a la resolución de los desafíos nacionales.
“En nuestra historia democrática, Costa Rica no venció los desafíos por consenso permanente, sino por la convergencia de fuerzas políticas, sociales, económicas, religiosas y comunitarias que discrepaban entre sí y aun así lograron acuerdos”, citó la defensora.
Cruickshank expuso que la administración actual cuenta con respaldo electoral y con una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa que le otorga capacidad de decisión. La defensora planteó acompañar al Poder Ejecutivo con el objetivo de responder a las demandas sobre el funcionamiento del Estado.
El pronunciamiento cita el informe anual La Costa Rica que construimos juntos. Cruickshank indicó que dicho análisis concluye que las deudas históricas del país responden a la calidad de la gestión pública y no únicamente a la escasez de recursos financieros.
El documento institucional de la Defensoría establece seis advertencias: financiamiento y gestión, equidad territorial, prevención del delito, sistema de cuidados, atención de la violencia contra las mujeres y riesgos socioambientales.
“Hoy, el costo de oportunidad de no trabajar juntas y juntos sería demasiado alto para el país y para las generaciones que vienen. Desde esa tradición, es claro que el sistema de pesos y contrapesos le posibilita aumentar la eficiencia y transparencia del Estado cuando se atienden, con un diálogo propositivo y franco, las alertas sobre afectaciones en la calidad de vida de las y los habitantes”, señaló la defensora en la carta.
La defensora indicó que en el actual periodo constitucional se tomarán decisiones trascendentales para el país. Además, manifestó que el mandato de la Defensoría de los Habitantes es brindar información para la toma de decisiones, con el fin de evitar que la población asuma los costos de eventuales desencuentros entre instituciones.
