EscucharEn este momento, por una suscripción mensual de ¢35.000, cualquier desconocido puede comprar por Internet el nombre de sus hijos, sus fotos, su dirección, saber si tiene usted tarjeta de crédito, cuánto dinero gana, dónde trabaja, qué carro maneja y si paga o no sus deudas a tiempo.
No se trata de una película de ciencia ficción, sino de un negocio permitido que opera en Costa Rica y en el que, al menos cuatro empresas compiten por entregar en suscripción la información más detallada sobre la identidad, vínculos familiares, relaciones comerciales, conducta y propiedades de los costarricenses.
La venta de esta información se realiza través de bases de datos electrónicas que se difunden por Internet y son un pujante negocio que ya mueve cerca $3,5 millones (¢1.300 millones) por año.
La información es usada por bancos, compañías financieras, abogados, compañías de tarjetas de crédito, empresas de seguridad, organismos estatales, partidos políticos, medios de comunicación y empresas comerciales.
Basados en estos informes se dan o se niegan créditos, se evalúan contrataciones, elaboran perfiles de compras, listas de clientes morosos, o se investiga discretamente y sin solicitar consentimiento a cualquier persona.
Radiografía individual
Además de estas empresas comerciales de bases de datos, funciona un mercado negro en que otros venden listados con nombres de clientes bancarios, números de tarjetas de crédito, teléfonos celulares, filiación política, reportes de enjuiciados penales y hasta antecedentes policiales.
La variedad de recursos que se utilizan para acceder a los rincones más privados de los ciudadanos fue objeto de una investigación periodística, cuya primera entrega publicó ayer La Nación .
Este diario determinó que es posible intervenir las comunicaciones de cualquier persona que tenga un teléfono con el ICE.
Y, para comprobarlo, consiguió en el mercado negro, con el pago de ¢50.000, la lista de llamadas que hizo y recibió tanto en su casa como celular Sonia Picado Sotela, exdiputada del Partido Liberación y presidenta del consejo directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Mediante una base de datos personales, servicio que opera legalmente en el país, La Nación logró conocer la identidad de los abonados telefónicos a los que ella llamó y así fue posible hacer un mapa de sus relaciones personales, comerciales y políticas.
La experiencia periodística se realizó con previo consentimiento de Picado, para denunciar la magnitud del fenómeno.
Incluso, el reportaje de ayer reveló que por ¢200.000 es posible conseguir en el mercado negro una grabación de lo que habla una persona cuyo teléfono se interviene ilegalmente.
Sin límites
¿Hay un límite para vender información y datos privados? ¿Qué datos personales son públicos? ¿Qué información personal es inviolable y no debe ser difundida? ¿Quién regula la veracidad de los datos personales que se difunden de las personas? ¿Cómo saber qué información difunden estas compañías sobre usted?
Las respuestas a estas preguntas son parte de una gigantesca laguna legal sobre la circulación y venta de información personal.
Según el magistrado de la Corte, José Manuel Arroyo, el nombre, fecha de nacimiento y parentescos básicos de una persona son datos registrados públicamente.
"Sin embargo, el número de hijos, sus edades, el nombre de la esposa, su edad y la capacidad económica de una persona, son datos que yo consideraría propios del ámbito de la privacidad", aclaró el magistrado.
El problema, explicó, es que existen lagunas legales sobre la posibilidad de reclamar cuando esos datos son divulgados indebidamente.
Información y poder
Las compañías que almacenan datos personales surgieron para apoyar la seguridad bancaria y la primera que funcionó aquí fue Protectora de Crédito Comercial.
Su presidente, Carlos Knudsen admite que, hasta el momento, se regulan por normas éticas autoimpuestas ya que en Costa Rica no existen reglas legales para el manejo de los datos personales.
"Nos dedicamos al área de créditos; las empresas que se afilian a nuestra red intercambian información sobre los hábitos de pago de sus clientes bajo el compromiso de utilizarla confidencialmente y solo para fines de negocios".
Knudsen indicó que, con información que le proporcionan esas compañías, elabora reportes sobre la conducta de pago de las personas y listas de morosos que sirven a los analistas de crédito como herramienta para aceptar o rechazar solicitudes de préstamo.
Una de esas listas mostraba a los suscriptores de Protectora de Crédito Comercial los nombres de 1.177 personas que en febrero de este año habían incumplido sus pagos con empresas privadas.
El servicio que La Nación utilizó para averiguar quiénes son los dueños de los números de teléfono a los que llamó Sonia Picado durante mayo lo proporciona Datum.net, empresa que guarda en sus archivos más de 25 millones de registros, con información de quienes viven en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras.
El gerente general de Datum.net, Emilio Mora, un antiguo empleado del departamento de informática del Organismo de Investigación Judicial, confirmó que el núcleo principal de sus 3.000 clientes proviene de empresas vinculadas con finanzas. "La empresa nació para prevenir el fraude bancario; la idea era dar a los bancos listas confiables que los ayuden a verificar rápidamente la identidad de sus clientes".
Explicó que por las necesidades del sistema bancario cargaron en sus computadoras todas las propiedades y vehículos inscritos en el Registro Público, la información sobre filiación del Registro Civil, los números telefónicos, fotos y la información sobre personas a quienes les han iniciado juicios civiles y penales.
"Lo que hacemos es relacionar la mayor cantidad de datos disponibles sobre una persona. Lo novedoso es la manera en que presentamos estos datos y los vínculos que nuestros clientes pueden establecer entre esas personas, sus parientes, propiedades, trabajos, teléfonos y sociedades anónimas en las que participa".
Control de clientes
Las compañías de bases de datos afirman que analizan cuidadosamente las solicitudes antes de aceptar a una empresa o persona como cliente, y que han rechazado numerosos contratos por dudar sobre el uso que podrían dar a la información que venden.
"En Costa Rica el tema no está regulado. Adoptamos las reglas que usan otros países que tienen una legislación específica para el manejo de información privada y por eso hay cinco tipo de datos que nunca vamos a difundir: raza, religión, filiación política, afinidad sexual y registros médicos", dice Mora, de Datum.net.
Sin embargo, admite que debido a la laxitud de controles en los registros sería posible para quien lo desee armar listas de ese tipo.
"Cuando la Caja del Seguro Social no quería dar a conocer la lista de patrones morosos, la generamos de manera independiente y legal a partir de los casos que habían llegado a cobro judicial. Ese es un ejemplo de cómo se puede generar información basado en fuentes poco convencionales, pero legales".
Tanto Mora como Knudsen admiten que existe una dura competencia en el mercado de la información, que empuja a las compañías a ofrecer cada vez datos más atrevidos, como números celulares y teléfonos privados, juicios penales, reportes de ingresos mensuales y de tarjetahabientes.
Pero las presiones no provienen solo de la competencia. Knudsen dice que han tenido casos de clientes que exigían "arreglar" registros que les afectaban.
"Por supuesto que nunca hemos cedido, pero hay gente que te ofrece desde una botella de vino fino hasta otras cosas. Sucede, nadie quiere figurar en una lista como mala paga", dijo.
¿Secreto bancario?
¿Cuán secreto es el secreto bancario? Es una pregunta que resulta oportuna cuando se conocen dos elementos:
1) Las entidades bancarias son los principales clientes de las empresas de bases de datos y a través de ellas tienen acceso no solo a la información personal de sus clientes, sino de todos los habitantes del país.
2) Según admiten tanto las empresas de bases de datos como los bancos, existe intercambio de información entre compañías sobre las conductas de sus clientes.
El gerente de Crédito de Consumo de Banco Banex, Édwin Céspedes, explicó que "algunos abogados interpretan que el secreto bancario está focalizado sobre las cuentas, pero no sobre la información de crédito".
Según Céspedes, la información sobre ingresos, situación civil, detalles de gastos etc. es confidencial, pero que al otorgar un crédito la información ya no es del cliente, sino del banco: "El banco es el dueño de la cuenta y no tiene problemas en decirle a un tercero que tal persona tiene un crédito de tal monto y si se ha atrasado o no".
La mayoría de los bancos contratan a una o más compañías de bases de datos, incluyendo las de la Superintendencia de Gestión Financiera y la Asociación Bancaria Costarricense.
Pero el gerente de crédito de Banex admite que la mayoría de las entidades prefiere los servicios de las empresas privadas de bases de datos "porque trabajan no solo con información de crédito, sino también con información personal, como los lugares de residencias, los posibles antecedentes laborales, los teléfonos etc. ¿De dónde sacan la información? Yo no sé, pero ahí está".
Gráfico: Rolando Laclé Castro. Los datos del Presidente del Congreso y su familia no escapan a las bases de datos. El diputado del PUSC consintió en que se publicaran, pero aclaró que algunos son erróneos. Aunque aparece como demandado en un juicio civil (ese y otros datos no se muestran por razones de espacio), dijo que en este momento no existe ninguno en su contra. Tampoco tiene relación con Cementos del Pacífico ni el Club Sport Herediano.
