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A partir de octubre, los conductores que violen la nueva Ley de Tránsito pagarán hasta ¢80.000 por un curso que deberán llevar para no perder su licencia o para tratar de recuperarla.
Los cursos versarán sobre seguridad vial, conducción temeraria, conducción preventiva, control de conductas violentas y tratamiento de adicciones.
También se dará información sobre el impacto en las víctimas de un accidente de carretera, así como sobre la velocidad, el alcohol y las drogas como factores de riesgo.
El temario y costo de las lecciones están incluidos en el borrador del reglamento sobre acreditación de los puntos en la licencia de conducir, el cual fue publicado el martes en La Gaceta .
Dichos cursos figuran entre las novedades de la Ley de Tránsito, la cual también crea un sistema para restarle puntos a los conductores de acuerdo con las infracciones en que incurran.
Cuando entre en vigencia la reforma, todos los choferes partirán con un máximo de 50 puntos cargados a sus permisos de conducir.
Según los puntos. Si un conductor acumula tantas infracciones que pierde 20 ó 25 puntos tendrá que llevar “cursos de sensibilización y reeducación vial”.
Cuando se pierden todos los puntos y, por ende, la licencia, el curso costará ¢80.000.
Si el chofer no perdió la licencia, pero sí un porcentaje de la cantidad total de puntos el curso tendrá un precio de ¢40.000.
Además, cuando el infractor concluya el curso deberá realizar un examen para evaluar el aprendizaje. La prueba costará ¢7.850.
En todos los casos, si el conductor pierde la prueba deberá repetir el curso respectivo las veces que sea necesario hasta que lo apruebe.
Sanciones adicionales. Cuando el chofer cometa infracciones que impliquen la pérdida de 15, 10 ó 5 puntos será obligado a cumplir con “servicios de prestación de utilidad pública”.
El borrador de reglamento publicado en La Gaceta establece que el infractor debe cumplir con 100 horas de servicio en divulgación de temas sobre seguridad vial.
Esta divulgación podría hacerla en centros de enseñanza preescolar, primaria o secundaria, en empresas con flotilla vehicular o en el Hospital Nacional de Niños.
También, a grupos de víctimas de accidentes de tránsito o a personas en el Ministerio de Salud.
Ahora, los ciudadanos tienen 30 días naturales para presentar observaciones o comentarios sobre el reglamento.
Posteriormente se convocará a una audiencia pública para discutir el tema.
