EscucharSeis años después de que se conocieron los problemas financieros en la empresa Lachner & Sáenz (L&S), el Ministerio Público presentó una acusación contra cuatro personeros de la firma como supuestos implicados en el delito de estafa continuada, en perjuicio de los inversionistas.
La acción fue pasada al Juzgado Penal de San José, el cual deberá fijar la fecha para una audiencia preliminar, donde se podría llegar a un arreglo o decidirse que el caso sea elevado a juicio.
Los implicados son tres personas de apellido Lachner y otro de apellido Jiménez, que –según la fiscalía– podrían haber inducido al público a adquirir certificados de inversión bajo la creencia de una situación de riesgo inferior a la existente, producto del presunto ocultamiento de hechos importantes acerca de la empresa.
“No hay delito”
No obstante, el abogado Francisco Castillo, defensor de los Lachner, argumentó que en este caso no existe delito porque hay reparación integral del daño.
Asimismo, alegó que en la investigación la fiscalía incurrió en un error al confundir los activos fijos con los activos netos. “La fiscalía parte del hecho que los activos fijos son los que garantizaban a los inversores, mientras en el prospecto aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) lo que garantiza a los inversores son los activos netos”, expresó.
“Ellos vendieron propiedades para pagar deudas. No se alteró el patrimonio de la empresa porque todos los dineros entraron a la compañía. No se dejaron ni un cinco, todo fue para pagar las deudas”, insistió Castillo.
Igualmente, Enrique Acosta, en nombre de la empresa Lachner & Sáenz , comentó que estaban sorprendidos por la decisión de la fiscalía pues todo se tramitó como lo estableció el juzgado civil.
Largo camino
Los problemas financieros en Lachner & Sáenz trascendieron en 1996, cuando la empresa solicitó la administración por intervención judicial al argumentar que debido a la recesión económica tenían problemas de liquidez (falta de efectivo) para hacer frente a los pagos.
En ese momento, Lachner & Sáenz tenía deudas por ¢3.700 millones con unos 1.600 inversionistas. El caso de la intervención pasó a conocimiento del Juzgado Quinto Civil de San José, pero en forma paralela el Ministerio Público comenzó a conocer los hechos en el aspecto penal.
En el campo civil, la empresa logró un arreglo con los acreedores, según precisó Alfredo Bolaños, curador del proceso. Tanto es así que el 28 de agosto la jueza quinta civil, Gilda María Gatgens Gómez, dio por concluido en forma normal el proceso de convenio preventivo de la empresa distribuidora de automóviles.
Lo anterior porque, según el juzgado, se cancelaron en la totalidad las obligaciones, además de que fueron depositados los montos de quienes no retiraron sus dineros oportunamente.
Empero, fuentes de la fiscalía explicaron que pese a existir un acuerdo civil, este tiene que ser homologado por el juez penal.
Asimismo, se explicó que es factible que algunos acreedores aceptaran el arreglo, pero eso no significa que estén conformes. Para la fiscalía, cuando hay un caso por estafa existe la posibilidad de arreglo mediante una medida alternativa.
