Costa Rica tuvo en 2021 la mayor desigualdad en últimos 35 años

La desigualdad por ingresos en Costa Rica alcanzó el año pasado los niveles más altos desde 1987, lo cual pone al país del lado de las naciones más inequitativas o desiguales de América Latina.

Si bien la desigualdad es un problema crónico sobre el cual ha advertido el Programa Estado de la Nación (PEN) en los últimos años, la situación que alcanzó en el 2021 raya en niveles considerados históricos: ese año, se registró un 0,524 en la estimación del coeficiente de Gini, una de las metodologías para calcular la desigualdad en una población, reveló el informe más reciente del PEN, publicado este miércoles 16 de noviembre.

No obstante, en 2022, el coeficiente disminuyó a 0,504, el nivel más bajo desde 2010, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), del Instituto Nacional de Estadísticas, divulgada el 21 de octubre pasado.

Eddy Madrigal, coordinador de la ENH, explicó que la desigualdad se redujo este 2022 por el crecimiento de los ingresos de las familias más pobres. “Estamos hablando de que son ¢5.000 o ¢10.000 más y eso hace una diferencia sustancial en ellos (las familias de menores ingresos). No es que sean aumentos enormes. Lo que está ocurriendo es que es gente que tiene ingresos realmente bajos”, explicó.

Mientras más se acerque el coeficiente de Gini a 1, más desigual es un país; cuanto más se aproxime a 0, más equitativo o menos desigual. Entonces, ¿qué significa ese 0,524 de 2021? Natalia Morales, investigadora del PEN, lo resume con estas palabras: Costa Rica es una sociedad partida.

En un extremo, explica Morales, hay grupos con más oportunidades, mejores condiciones de vida, buenos empleos y acceso a vivienda y a educación de calidad. En el otro extremo, cada vez hay más personas con enormes dificultades para encontrar un buen trabajo, que viven endeudadas, con nula o débil formación académica y para las cuales su “día a día” es una prueba de supervivencia. El territorio que separa a unos y a otros, en este caso, lo define su nivel de ingresos.

Hace 35 años, el coeficiente de Gini estaba por debajo de 0,480. Esto colocaba a Costa Rica más cerca de las naciones latinoamericanas más equitativas o menos desiguales. Ahí permaneció varios años en un “tú a tú” con Uruguay, considerado uno de los referentes de equidad en esta parte del mundo.

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Pero las frecuentes crisis económicas globales –la más reciente, causada por la pandemia de la covid-19– y, sobre todo, la débil capacidad de articulación institucional y de gestionar la política pública local, colocan a Costa Rica en un terreno muy inestable para el desarrollo integral de su población, en especial, los más vulnerables.

En poco más de tres décadas, concluye el informe, Costa Rica pasó de ser una sociedad en la cual los valores de equidad social eran medulares para la convivencia y la política pública, a ser una de las de mayor inequidad en la distribución del ingreso del continente.

“(La desigualdad) nos está generando esa partición de aguas donde tenemos cada vez más exclusión social, zonas del país donde hay gran violencia homicida, problemas de empleo y acceso a la educación. Todo eso es caldo de cultivo para la inseguridad. Finalmente, a quienes tienen mejores condiciones también les afecta una sociedad que no tiene oportunidades”, advirtió Natalia Morales.

País volvió la vista para otro lado

La desigualdad por ingresos es uno de los principales problemas de Costa Rica junto a la pobreza (23% en el 2021) y a la falta de oportunidades laborales. El informe del PEN concluye que no se han articulado respuestas de política pública para revertirla.

Tal y como se pronosticó en el informe del 2021, la crisis generada por la pandemia de la covid-19 profundizó brechas arrastradas durante años, particularmente, desde finales del siglo pasado. Las brechas se ensancharon todavía más con la crisis de los años 2008 y 2009.

La producción de las zonas francas, el centro del país y la situación de los grupos de mayores ingresos y nivel educativo han logrado recuperarse, puntualizan los investigadores. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la economía que sostiene el mercado doméstico, las regiones fuera del Valle Central, y con las personas trabajadoras sin calificación educativa, que todavía no se recuperan.

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Entre las cosas más graves está “la normalización” con que la sociedad costarricense en su conjunto ha asumido este nuevo y desafiante entorno. Es una normalización, afirma el PEN, contraria al desarrollo humano que lo que denota es, según ellos, un progresivo abandono del contrato social sobre el que se asienta el régimen de libertades y derechos en Costa Rica.

Si se contara con mejores sistemas de medición, probablemente habría otra sorpresa. Según Natalia Morales, la forma con la que el país mide la desigualdad por ingresos tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, no se capta al 1% de quienes tienen mayores ingresos. Los más ricos del país.

Lo anterior quiere decir que, muy probablemente, si se contara con mejores mediciones Costa Rica sería todavía más desigual que lo que registran las metodologías actuales.

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¿Por qué el país llegó a este límite? En la respuesta está el estilo de desarrollo y de crecimiento económico elegido, que beneficia a unos, pero excluye a otros.

Un ejemplo de esto son las zonas francas o de industria de alta tecnología, considerados grandes logros del país pero que, no obstante, tienen un desafío por resolver: los beneficios de estos sectores no se encadenan con el resto de la economía, afirma Natalia Morales.

En otras palabras, dice, se generan muy buenas oportunidades para cierto grupo de población especializada en áreas muy dinámicas, pero que no encadenan ni generan movilidad para el resto de las personas. Esos encadenamientos deberían incluir, entre otras cosas, políticas redistributivas capaces de atraer inversión extranjera que genere beneficios e inversión para el resto de la población no está vinculada a esos sectores, recomienda Morales.

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De lo contrario, Costa Rica seguiría aproximándose peligrosamente a ese 1 del coeficiente de Gini: una sociedad mucho más desigual y, en consecuencia, mucho más expuesta a la violencia y a conflictos que dificultan la integración social. También una sociedad que le resta apoyo al sistema democrático con ciudadanos alejados y decepcionados de la política, que pierden interés por lo que hace el Estado.

“(...) cada grupo jala por su lado y hay menos vida de comunidad. La educación era un pilar en donde todos se encontraban: desde el que tenía la mejor casa del barrio hasta los que les costaba. Eso se ha perdido porque ahora hay un montón de grupos creciendo en su propia burbuja”, advirtió Natalia Morales.