La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en los procedimientos de compra directa utilizados por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en los últimos tres años.
Las contrataciones por excepción se realizan, únicamente, por situaciones particulares en las que los procedimientos ordinarios de contratación no resultan ser la mejor forma de satisfacer la necesidad pública.
Sin embargo, según la Contraloría entre el 2023 y el 2026, el Cosevi tramitó 216 compras de este tipo, de las cuales adjudicó 175 procesos por un total de ¢3.210 millones.
De acuerdo con el informe, en varias de esas gestiones se encontraron “incumplimientos de forma generalizada” en aspectos significativos del marco normativo aplicable, entre estos debilidades en la fase preparatoria, la fundamentación y en el control interno.
El informe detalla que en una muestra de 30 expedientes revisados, se encontró que un total de 24 carecían de evidencia de sondeos o estudios de mercado para determinar la razonabilidad de precios y en 25 casos no se contaba con informes de respaldo de las decisiones iniciales basadas en motivos técnicos, jurídicos o financieros.
La CGR además citó deficiencias en la planificación de las compras públicas y carencia de normativa interna que sirva de guía para la debida ejecución de los procedimientos de excepción.
Entre los hallazgos, destaca el uso de la excepción por proveedor único. De los 12 expedientes revisados bajo esta modalidad, 11 carecían de estudios de mercado y de la debida motivación legal y financiera que demostrara que esa figura era la mejor vía para satisfacer la necesidad pública.
En esos mismos 11 casos, el Cosevi fundamentó el uso de la excepción en criterios de conveniencia institucional, como la afinidad de marca o el mantenimiento de garantías preexistentes, en lugar de acreditar que existía un proveedor único.
La CGR también encontró que en cinco de los 12 expedientes no constaba la publicación de la invitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) o se había prescindido de las especificaciones técnicas requeridas.
En otros tres casos identificó el uso de terminología incompatible con los procedimientos de excepción y la inclusión de condiciones que podrían constituir barreras anticompetitivas.
Algunos procesos tampoco contaban con evidencias del análisis de la idoneidad técnica de la entidad pública contratada para ejecutar al menos el 70% del objeto contractual, ni se incluyeron los análisis legales y financieros que acrediten el uso de la excepción como la vía más idónea para garantizar el fin público.
Asimismo, en el 50% de los casos se determinó el incumplimiento de requisitos esenciales para este procedimiento de compra por excepción; por ejemplo, se identificó la contratación de una fundación cuya naturaleza jurídica es de sujeto de derecho privado de utilidad pública, mediante una excepción que únicamente contempla contrataciones entre entes públicos.
En otro caso, el Cosevi requería la contratación directa de un servicio de Internet, con capacidad de 750 megabytes por segundo y un presupuesto de ¢397 millones; sin embargo, utilizó un estudio de mercado de otra entidad pública cuyo requerimiento era de apenas 40 Mbps y con un presupuesto de ¢3 millones.
El informe identificó brechas de capacitación entre los 190 funcionarios con perfil activo en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop): 115 carecían de formación en el nuevo marco legal y 156 no habían recibido capacitación o instrucción sobre estudios de mercado ni sobre la correcta fundamentación de las contrataciones por excepción.
Estas debilidades, señaló la Contraloría, restringen la participación de potenciales competidores y exponen a la institución a riesgos de sobrecostos y uso ineficiente de recursos. El informe no cuantifica un perjuicio económico ni determina que se hayan materializado esos sobrecostos; advierte que la falta de respaldo impide acreditar la razonabilidad de los precios y la idoneidad de los contratistas.
“En general, no se evidencia que las excepciones fueran el mecanismo más idóneo para la satisfacción pública, en cuanto a que se obtengan en las mejores condiciones de mercado, precio y calidad de los bienes y servicios contratados”,concluyó la Contraloría.
La Contraloría ordenó a la Junta Directiva del Cosevi definir y oficializar normativa interna para regular estos procedimientos. Entre otros aspectos, deberá precisar quiénes pueden autorizar las decisiones iniciales, establecer controles previos y disponer que la Proveeduría Institucional rechace en Sicop las solicitudes sin documentación o sustento suficiente.
Además, al director ejecutivo, Jeffrey Cervantes Bermúdez, o a quien ocupe el cargo, se le ordenó elaborar, oficializar e implementar un plan de capacitación continua.