La Corte Plena acordó ayer protestar contra la Asamblea Legislativa por las razones que, aparentemente, esgrimieron algunos diputados para votar en contra de la reelección de la magistrada Ana Virginia Calzada.
Calzada fue reelecta el pasado 1° de febrero por un nuevo período de ocho años, con 30 votos a su favor y 17 en contra. Según la Constitución Política, se requieren 38 votos para la remoción de un magistrado.
La protesta de la Corte se originó en declaraciones que, aparentemente, varios legisladores ofrecieron al periódico Al Día en forma anónima, calificando los votos en contra de la reelección de Calzada como una advertencia a los magistrados de la Sala Constitucional.
Según ese matutino, varios diputados cobraron así a la magistrada su participación en un voto de minoría a favor de la reelección presidencial.
El texto de la protesta lo redactarán los presidentes de las Salas del Poder Judicial en los próximos días.
Diferencias
"Si esa información es efectivamente un reflejo de cómo se manifestaron los señores diputados, ahí hay una lesión indubitable al principio de independencia que debe darse en el cumplimiento de nuestras funciones como jueces", manifestó el presidente del Poder Judicial, Luis Paulino Mora.
Advirtió que no estaba en contra de que los diputados manifestaran su opinión, sino en que esgrimieran como razón el que Calzada hubiera dictado una resolución judicial.
"La votación es un acto de plena competencia de la Asamblea Legislativa. Me parece que no es de recibo la protesta", manifestó anoche, en el Congreso, el diputado socialcristiano Ovidio Pacheco.
Por su parte, Sonia Picado, diputada y presidenta del Partido Liberación Nacional, reconoció el derecho de la Corte a reclamar. "Ha habido un ataque sistemático de algunos diputados a la Corte Suprema", dijo.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Rina Contreras, defendió el proceso de reelección de Calzada, calificándolo de libre y secreto. "Calzada ganó por una amplia mayoría. No hubo politización en su elección".
La magistrada prefirió no referirse al tema.
Ayer la Corte Plena también emitió su opinión en contra de varios proyectos de ley para reformar el Código Penal.
Estas propuestas procuran convertir algunas contravenciones en delitos, limitar el otorgamiento de libertad condicional y de la suspensión de la pena, entre otros.
Sin embargo, estas consultas no son vinculantes para la Asamblea Legislativa.
Colaboró Ismael Venegas, redactor de La Nación.