EscucharDos policías están acusados por matar a balazos a un taxista; otro cayó preso porque supuestamente planeó un asalto en el que también murió otra persona; otros tres están acusados por vender munición oficial a particulares.
Los casos por corrupción policial colman las oficinas de Asuntos Internos e Inspección Policial del Ministerio de Seguridad Pública, donde, según admite el jefe de la Fuerza Pública, Wálter Navarro, los abogados no dan abasto para atender tan delicados expedientes.
La magnitud del problema obligó al ministro de Seguridad Pública, Juan Rafael Lizano, a declarar un estado de alerta y a reforzar con más personal y equipo las dependencias encargadas de investigar los hechos para evitar que prescriban.
Según un informe de la Oficina de Prensa de ese Ministerio -solicitado por este diario-, un total de 4.103 casos por presunta corrupción de miembros de la Fuerza Pública son investigados.
El informe aclara que esta cifra se refiere a denuncias presentadas y no al número de efectivos que son investigados.
De acuerdo con cálculos extraoficiales, la Fuerza Pública está conformada por alrededor de 7.000 efectivos.
Según supo este diario, entre los casos que se investigan está el de un policía de Puriscal que tiene siete denuncias en su contra; estas ingresaron al Ministerio de Seguridad Pública casi simultáneamente.
En la Inspección Policial -dependencia encargada de instruir cada caso- se tramitan, a la fecha, de acuerdo con ese estudio, un total de 3.074 denuncias. De ellas, 535 se hallan en proceso de instrucción; 941, en proceso de resolución, y 1.598, en archivo. (Esos últimos se refieren a casos con sanción leve.)
Mientras tanto, Asuntos Internos -oficina que recibe las denuncias y efectúa indagaciones preliminares- tiene en investigación 1.029, casos de los cuales 427 están en proceso de investigación y 602, con informe final para trasladarlo a la Inspección Policial.
Aunque en hechos graves como homicidios, asaltos y venta de droga, los policías son detenidos y dejan de servir a la Fuerza Pública, en otros casos en los que no hay arresto, siguen activos mientras se resuelve un prolongado proceso administrativo.
Uno de los cuerpos policiales más afectados por casos de corrupción es Radiopatrullas.
De 200 efectivos que tiene esa unidad policial, 58 son investigados por delitos graves como agresión y abuso sexual, sustracción de dinero a particulares, ebriedad en horas laborales, aceptación de sobornos, desacato de órdenes e incumplimiento de deberes. (Véase recuadro.)
A mediados de mayo, el ministro Lizano ordenó ubicar a parejas de radiopatrulleros en puestos de vigilancia fijos en las rotondas del área metropolitana, lo que generó una pugna entre el Ministro y ese cuerpo policial.
Respuestas del Ministro
La Nación procuró consultar, mediante una entrevista, al ministro de Seguridad Pública, Juan Rafael Lizano, sobre el tema de la corrupción policial.
Empero la directora de prensa de esa cartera, Adriana Gentilini, por medio de un fax fechado 16 de junio adujo que por tratarse de casos en investigación no podían ser objeto de una entrevista por el riesgo de adelantar criterio.
No obstante, Gentilini convino en que se enviara un cuestionario a Lizano, el cual se remitió el 17 de junio anterior y fue contestado parcialmente el viernes 19 de junio.
Entre otros asuntos, se consultó a Lizano sobre cómo estaba incidiendo la permanencia en sus puestos de policías investigados por corrupción.
Respondió que la corrupción incide en todo campo y que cada caso se tramita aplicando el debido proceso en aras de respetar los derechos del trabajador.
Al responder otra pregunta, Lizano puntualizó que cada expediente por supuesta corrupción tiene alerta prioritaria y que se emplean todos los recursos legales para tramitarlos con brevedad.
Se le preguntó acerca de qué medidas se han adoptado para evitar que personas con antecedentes de corrupción ingresen a la Fuerza Pública.
No respondió con claridad. Sólo dijo que se está cumpliendo con las normativas expuestas en la Ley General de Policía y que en caso de encontrarse violaciones a esa ley, se procederá como es debido.
El 18 de mayo anterior, a solo once días de haber asumido el cargo, Juan Rafael Lizano, en entrevista con este diario, abogó con tono enérgico por una policía recta, profesional y que cumpliera con mística sus deberes.
En ese momento, advirtió: "No voy a tolerar la indisciplina."
Situación grave
Con mayor precisión, el director de la Fuerza Pública, Wálter Navarro -entrevistado por teléfono el viernes anterior a las 4 p. m.-, calificó de grave el elevado número de casos de presunta corrupción pendientes de resolver.
Aseguró que por ese motivo se reforzó la Inspección Policial con más abogados y equipo ya que buscan que los casos en etapa indagatoria tengan una más rápida resolución.
"Necesitamos -dijo- aclarar con la mayor brevedad si muchos de los policías son culpables o inocentes para derribar la duda que pesa sobre muchos de ellos."
La ministra de Seguridad entre 1996 y 1998, Laura Chinchilla, consultada sobre este tema, destacó la lentitud con que se tramita cada denuncia en esa cartera ante la exigencia de aplicar el debido proceso.
En su criterio, esto obliga a la administración a presentar demasiadas pruebas para sancionar a un policía, lo que retarda mucho las resoluciones.
Añadió que gran número de los 4.103 casos de presunta corrupción pendientes de investigación, se vienen arrastrando desde hace tres o cuatro años.
"Por esa lentitud los casos no se cierran y se genera la impunidad."
Buscando soluciones
Para Fernando Sánchez, subdirector a.í. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y jefe de la Delegación de San Carlos, el origen de la corrupción policial está en el deficiente proceso de selección que permite que personas cuestionadas se empleen como policías.
Sánchez recomendó a la Fuerza Pública incrementar los controles para seleccionar a los futuros efectivos de la Fuerza Pública. En su criterio, debe existir una detallada investigación del aspirante a policía que comience casi desde su nacimiento.
Sostuvo que cuando existe duda sobre la honestidad de un aspirante, es preferible rechazarlo porque, de lo contrario, las consecuencias serían funestas.
El defensor público Luis Fernando Burgos, quien ha tenido a cargo la defensa de varios policías acusados por hechos de corrupción, atribuyó el fenómeno a los bajos salarios que devengan estos servidores.
"Es que la gente quiere salir de pobre a como haya lugar y por eso muchas veces es fácilmente sobornable."
Burgos afirmó también que en la Fuerza Pública hay excelentes policías, pero lamentó que no haya condiciones que los estimulen.
Señaló como otra de las causas de la corrupción los deficientes sistemas de selección de personal, razón por la cual, personas con antecedentes penales ingresan a trabajar como policías sin trabas.
Sobre este tema, Wálter Navarro manifestó que la actual administración incrementó los controles para evitar que gente con antecedentes penales y morales trabajen como policías.
