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La Contraloría General de la República le solicitó al MOPT investigar la composición del capital social de Naviera Tambor, adjudicataria del servicio de cabotaje de personas y vehículos entre Puntarenas y Paquera.
La petición fue hecha el martes anterior luego de que Humberto Pacheco Alpízar, quien figuraba como socio mayoritario de la compañía, declaró a Al Día que desde el 17 de noviembre del 2003 vendió todas sus acciones a la firma de capital extranjero, Marina Punta Piedra Amarilla.
Para el ente contralor, de confirmarse esta situación, eventualmente podría quedar nula la concesión otorgada en setiembre a Naviera Tambor, pues la Ley de cabotaje exige que el prestatario de ese servicio tenga un 60% de capital costarricense.
Karla González, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), dijo que cuentan con certificaciones autenticadas por notarios públicos, según las cuales, hasta el pasado mes de octubre, Pacheco tenía el 60% de las acciones de Naviera.
Con base en esos documentos, dijo la funcionaria, el MOPT le adjudicó la operación del ferry .
Las mismas certificaciones permitieron que la Contraloría General de la refrendara el convenio, el 6 de setiembre anterior.
“Estamos pidiéndole a la empresa que nos diga si existe algún documento que haya hecho incurrir en un error a la Administración”, aseveró la Ministra.
La Nación intentó conocer la versión de Pacheco, pero en su oficina dijeron que estaba fuera del país y que no era posible localizarlo antes del próximo lunes.
Sin claridad. Por su parte, Enrique Boza, representante legal de Naviera Tambor, manifestó que, “hasta donde conozco”, Pacheco tenía la mayor parte del capital accionario de la empresa.
Esa situación, dijo, cambió en octubre de este año cuando el costarricense vendió sus títulos.
“Yo no conozco la relación de don Humberto Pacheco con Naviera Tambor porque hay socios activos y otros no”, comentó.
Boza no dio más detalles, pues según contó, el abogado que más sabe del tema está fuera del país y regresa en diciembre.
El 30 de octubre, un grupo de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) le solicitó al Ministerio Público investigar el caso.
