EscucharLa creación de la Tesorería Escolar Auxiliar de Santa Lucía de Barva, Heredia, así como el manejo y transferencia de sus fondos, presenta una serie de anomalías, advirtió un informe de la Contraloría General de la República, revelado ayer. Dicha dependencia -puntualizó- fue constituida sin que mediara ninguna autorización.
La mencionada unidad -del Ministerio de Educación Pública- fue "creada al margen de lo establecido en el artículo 43 del Código de Educación, con el fin de transferirle recursos de las leyes 6746 y 6982".
Valerie Mattus, directora financiera del MEP y una de las principales personas investigadas en el caso, declaró el martes ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Después de su presentación, manifestó que se encontraba "tranquila".
También figuran como presuntos responsables Nelson Núñez Campos, encargado del Departamento de Juntas de Educación; Jimmy Núñez Campos, a cargo de la Tesorería, y Jimmy Harrison, responsable de Cómputo del MEP.
Las anomalías
Según la investigación efectuada por la Dirección General de Auditoría del órgano contralor, la Tesorería Escolar Auxiliar de Santa Lucía recibió más de ¢73 millones que fueron utilizados en fines distintos a los originales. La ley asegura ayuda económica para las juntas de educación y juntas administrativas con el objetivo de equipar y mantener los comedores escolares.
En sus conclusiones, el informe destaca que la falta de control sobre el funcionamiento de dicha dependencia pudo haber propiciado un manejo anómalo de los dineros.
Un ejemplo de esto es el faltante de ¢37.866.424 en cheques girados a funcionarios del MEP y a otro personal, que no están apoyados en las razones por las que se entregaron.
Además, se determinó que en la compra por ¢40 millones de un software para el Departamento de Planillas de la Dirección Financiera del MEP no se contó con la partipación ni la aprobación de los niveles superiores competentes ni de los departamentos de Proveeduría e Informática de dicha cartera.
Tampoco se realizó el procedimiento de licitación pública, como lo exigen la Ley de Administración Financiera de la República y el "Reglamento de contratación administrativa". Asimismo, se aprobó el contrato por ¢500.000 más del monto que apareció en la oferta de la compañía adjudicataria.
Claudio Gutiérrez, ministro de Educación, informó ayer de que su despacho tomará medidas disciplinarias contra los personas responsables de tales actuaciones. Expresó que las acciones se ejecutarán una vez que se estudie el informe de la Contraloría.
Agregó que uno de los funcionarios involucrados está incapacitado y otro se encuentra de vacaciones. Por el momento, no se ha suspendido a nadie. Esta versión contradice lo expresado por Celín Arce, oficial mayor del MEP, quien anteayer aseguró que los involucrados habían sido suspendidos.
