EscucharLa Contraloría General de la República exigió al IMAS anular la compra de una finca, dos de cuyos propietarios eran la actual diputada de la Unidad, Lilliana Salas Salazar, su hermano, el exdiputado Carlos Salas Salazar y cinco hermanos más.
La transacción se realizó en diciembre del año 2000, cuando Lilliana Salas era asesora de su hermano, Carlos Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la Asamblea Legislativa.
Se trata de un terreno en El Alto el Tanque, en San Ramón, Alajuela, que fue segregado para su venta en diez lotes para familias de escasos recursos, por los cuales el IMAS pagó en promedio ¢1.550.000 por cada uno. En total ¢15.500.000.
La exigencia para que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) anule esa operación figura en el informe DFOE-SO-RH-3-2002.
La presidenta de dicho instituto, Silvia Lara, lo entregó a la prensa el miércoles en la noche tras una polémica, pues el jueves trasanterior se había negado a hacer público ese documento y dos informes sobre venta de lotes en el IMAS.
Prohibición
Según la Contraloría, el IMAS no podía comprar esos terrenos debido a que Carlos Salas, por ser diputado en ese entonces por Alajuela, tenía prohibición para contratar con instituciones estatales.
Esa prohibición según el informe del órgano contralor se establece en el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa.
Además, la Contraloría detectó que la compra de los lotes se realizó en medio de irregularidades pues no se cumplió con los requisitos que establece el Programa de Compra de Lotes con Servicios, mediante el cual se financió la operación.
La diputada Salas manifestó ayer, mediante una comunicación telefónica, que ella ni su familia son responsables de las supuestas irregularidades que les achaca la Contraloría.
"Si hubo fallas, eso lo hicieron los funcionarios del IMAS; yo no soy empleada de esa entidad". Añadió que si el IMAS reclama los dineros invertidos en la finca, su familia está dispuesta a devolverlos. No vamos a seguir aguantando tanta persecución injusta en contra nuestra", dijo.
Por su parte, el exdiputado Carlos Salas, consultado anoche por teléfono, declinó dar declaraciones sobre el tema.
Se limitó a decir que si alguien tiene pruebas en su contra que vaya a los tribunales y las presente.
Cadena de críticas
La finca que la familia Salas vendió fue segregada en diez lotes y distribuida entre diez familias pobres que los adquirieron con fondos del IMAS.
Según la Contraloría General de la República, la diputada Salas intervino en la selección de los beneficiarios y en la asignación de los lotes, lo cual corresponde exclusivamente al IMAS.
El informe dice que a la fecha de la investigación efectuada por la Contraloría en agosto del 2001, ninguno de los beneficiarios tenían un comprobante del dinero entregado por el IMAS.
Añade que los beneficiarios fueron convocados a la oficina de Lilliana Salas para que firmaran unos documentos.
Dice que en las declaraciones juradas brindadas por los beneficiarios al IMAS, se consigna el sello de abogado y notario de Carlos Salas Salazar.
Talud amenazante
Según la Contraloría General de la República, el 5 de setiembre del 2000, el padre de los hermanos Salas, Everardo Salas Araya, se comprometió ante los beneficiarios a construir un muro para evitar deslizamientos de tierra debido a la presencia de un talud de 2,5 metros de altura.
Aunque las casas se terminaron, el órgano fiscalizador detectó que el muro no se construyó y que se estaban presentando desprendimientos de tierra.
También el Departamento de Geología y Fuentes de Materiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) rindió un informe técnico en noviembre del año pasado.
Según el mismo, en las partes superiores de los lotes, las capas del suelo presentaban pendientes que contribuían a que el material se desprendiera con facilidad.
Incluso, ese departamento del MOPT advirtió sobre el riesgo de que importantes volúmenes de tierra cayeran directamente sobre las viviendas.
La Contraloría pidió al IMAS abrir un procedimiento disciplinario contra la coordinadora del Área de Titulación del IMAS, Mayra Trejos Salas y el ingeniero Rándall Mora Cordero.
Además, contra las trabajadoras sociales María Elena Privatt Toscano y Carmen María Carlucci Distasi, a quienes se les atribuye haber solicitado el giro de los subsidios de los diez lotes sin contar con los informes técnicos.
