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El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) aprueba proyectos de erradicación de tugurios con listas provisionales de beneficiarios sugeridas por las empresas que construyen esas casas.
Es hasta después de que el Banco avala el giro de dinero que las entidades financieras autorizadas (bancos, cooperativas y mutuales) revisan los expedientes de los candidatos, y se cercioran si califican o no para obtener una solución habitacional gratuita.
Los expedientes que hacen las constructoras contienen información socioeconómica de los posibles beneficiarios.
La Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social (Acavis) -que engloba a los principales constructores- negó enfáticamente que este grupo participe en el levantamiento de listados.
Sin embargo, su aseveración contradice lo expresado por varias entidades financieras, quienes reconocieron que los desarrolladores incluso intervienen en el "armado" de los expedientes de los beneficiarios de un bono.
Por ejemplo, Óscar Soto, gerente de Mercadeo de Mutual Alajuela, aseveró que en ocasiones los desarrolladores confeccionan las listas provisionales de proyectos que luego son financiados por el Banco Hipotecario. El año pasado se asignaron 11.000 bonos y para este la meta era de 11.500.
Casos específicos. Se trata de residenciales que se someten a consideración del Banco en comunidades pobres con alta demanda de casas de interés social.
Estos proyectos se amparan en el artículo 59 de la Ley del sistema financiero nacional para la vivienda, que promueve la erradicación de precarios y atención de familias en casos de emergencia, o con parientes que enfrentan alguna discapacidad permanente.
Cuando no es el Banhvi el que ordena la construcción de un complejo habitacional, el desarrollador puede sugerirlo. Dentro de los requisitos que debe cumplir el empresario está el garantizar la demanda de casas, por eso aportan listas con nombres de posibles ocupantes de las viviendas. La discusión entre constructores y entidades financieras es cómo y quién hace las listas.
"No sé cómo hacen las constructoras para levantar las listas, pero es hasta después de que el Banhvi aprueba el proyecto que nosotros comenzamos la precalificación de los expedientes de los beneficiarios", dijo Guillermo Bolaños, jefe de crédito de Mutual Cartago.
Juan José Umaña, gerente de la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá, agregó que esta es una práctica legal: "Cualquiera, llámese constructor o ciudadano, puede recomendar a otra persona para que obtenga un bono".
Óscar Soto recalcó que es obligación de las entidades financieras verificar la situación económica de las familias y confirmar que necesitan el bono. "La Mutual Alajuela tiene un aparato robusto para cumplir con ese trámite", dijo.
"Falsa". Ante varias consultas de La Nación, el presidente de Acavis, Edgar Jiménez, aseguró que el Banco Hipotecario no delegó el levantado de las listas a las constructoras. "Esta afirmación es totalmente falsa e infundada. Reiteramos que esas son decisiones únicas y exclusivas de los jerarcas del sistema, las cuales respetamos y aplicamos", agregó.
Jiménez insistió en que estas listas temporales no abren un portillo al desarrollador para construir más casas de las que en realidad se necesitan en una comunidad de terminada.
Por el contrario, mantuvo su posición de que el tamaño de un proyecto habitacional lo determina el Ministerio de Vivienda.
Mariano Sáenz, director de Asentamientos Humanos del Ministerio, explicó que "antes de caer en la oferta de los constructores", primero se identifica la demanda de una determinada zona. "En todos los casos al desarrollador, en lugar de sacarse de la manga las listas, se le promueve para que recurra a las asociaciones locales o al propio Ministerio".
