EscucharUn proyecto de ley que se discute en el Congreso obligaría a los diputados a votar –en un plazo de dos años– las iniciativas presentadas por los ciudadanos con el respaldo del 5 por ciento del padrón electoral.
Además, las propuestas tendrían prioridad en la agenda de las comisiones legislativas y del plenario legislativo.
Se trata del proyecto de Ley de iniciativa popular , en el cual se regula el procedimiento, los requisitos y demás condiciones de la enmienda aprobada en mayo del 2002, que elevó a rango constitucional (artículo 123) la presentación de proyectos por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con el proyecto, no procede la iniciativa popular cuando se trata de proyectos relativos a la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, de empréstitos y contratos, o actos de naturaleza administrativa.
Alto
Este plan iba a ser votado hace un par de semanas en el plenario legislativo; sin embargo, el socialcristiano Rolando Laclé objetó que a un trámite de excepción se le dé prioridad sobre la iniciativa de los legisladores.
La propuesta fue devuelta a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que analice tres mociones presentadas por Laclé. Cuando agote este procedimiento regresará nuevamente a discusión en el plenario.
En el Congreso funciona, desde abril de 1999, una Oficina de Iniciativa Popular. Esta fue creada por un acuerdo del Directorio legislativo.
Allí puede llegar cualquier ciudadano a presentar proyectos; sin embargo, se necesita que un diputado la acoja y la remita a la corriente.
Mediante ese mecanismo l os ciudadanos han planteado 313 iniciativas. Los legisladores han acogido 30 y solo se han aprobado tres leyes relacionadas con tributos municipales y la donación de un terreno.
La iniciativa popular y el referendo se introdujeron en la Carta Magna en mayo del 2002. Mientras en la primera se faculta a los ciudadanos a presentar leyes ante el Congreso, la segunda opción permite al pueblo aprobar o derogar leyes y reformas parciales al texto constitucional.
Las decisiones que se tomen en el referendo serán vinculantes para la Asamblea Legislativa.
Para convocar esta figura también se requiere la solicitud del 5 por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral, o mediante una moción aprobada por 38 votos en el Congreso.
La ley que regula el referendo se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Procedimiento caro
El abogado constitucionalista Hugo Alfonso Muñoz opinó que el proceso de recolectar firmas puede resultar difícil y costoso.
Sin embargo, considera que un proyecto respaldado por 119.000 firmas (5 por ciento del padrón electoral) tiene una “gran fuerza política”.
Explicó que la iniciativa popular fortalece la democracia participativa y le devuelve a la sociedad la potestad de legislar.
Empero, advirtió que el Congreso no pierde soberanía pues la aprobación o no de la propuesta sigue siendo facultadad suya.
La liberacionista Laura Chinchilla, una de las redactoras del texto dictaminado, sostuvo que el proyecto es importante y va en la dirección correcta de otorgarle una mayor participación a los ciudadanos en los asuntos públicos.
Chinchilla cree que la propuesta tendría el respaldo mayoritario de su bancada cuando se someta a votación.
Humberto Arce, coordinador del Bloque Patriótico, manifestó que su grupo apoya todas aquellos mecanismos que favorezcan la participación de la gente.
Su temor estriba en la posibilidad de que el gobierno de turno aproveche el procedimiento para “meter” sus propuestas con plazo de votación.
No obstante, Arce aseguró, ese procedimiento es más decente que andar “torciéndole el brazo” a los diputados oficialistas.
Ruth Montoya, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que su partido avala las iniciativas que le dén participación a la gente.
Empero, a la legisladora le preocupa el requisito del 5 por ciento de firmas exigidos para plantear las propuestas de ley.
Por eso, presentó una reforma constitucional para disminuir ese porcentaje al 2 por ciento (unas 47.000 firmas).
No obstante, Arce supone que a grupos organizados de la sociedad como sindicatos, cámaras empresariales y hasta al gobierno no se les dificultaría recolectar el 5 por ciento de las firmas del padrón electoral.
Una muestra de ello fue la presión que ejerció la sociedad para que la Asamblea Legislativa elevara las penas por secuestrar y asesinar menores de edad.
En esa ocasión, se recolectaron más de un millón de rúbricas en un plazo muy corto.
La presión valió y el 9 de setiembre pasado aprobaron un proyecto que endureció los castigos contra los agresores de los niños.
