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El Tribunal de Juicio de San José condenó ayer a tres años de prisión al exministro Bernardo Arce Gutiérrez y a dos años a su exasesor Douglas Loría Coto, por la participación en irregularidades relacionadas con la explotación de un tajo en San Miguel de Sarapiquí, Alajuela.
Arce, quien fungió como ministro de Transportes y de Seguridad Pública en la administración de José María Figueres (1994-1998), y Loría fueron sentenciados por el delito de peculado (sustracción o distracción de bienes públicos).
Se les fijó un pago solidario de ¢37 millones para cubrir los daños causados al Estado por una explotación ilegal de un tajo, cuya concesión fue tramitada por los condenados a favor de empresas privadas. Ninguno irá a prisión pues se les benefició con la ejecución condicional de la pena.
Al exministro se le impuso, además, una condenatoria civil solicitada por la Procuraduría General de la República por daño ambiental y cuyo monto se fijará posteriormente en otro proceso.
El fallo del Tribunal será apelado por el abogado de ambos, Jaime Garro Canessa, según adelantó Arce en declaraciones dadas minutos después de la lectura de la resolución.
"Tengo que respetar la decisión del tribunal. Yo, al someterme como ciudadano costarricense a este proceso, acepté que venía a que el tribunal evaluara mi conducta. Obviamente no estoy de acuerdo con la señora jueza (Alicia Monge, quien explicó el fallo), pero todavía tengo una instancia a la cual recurrir y ahí voy a demostrar mi inocencia", manifestó Arce.
Con "dolo"
Según confirmó ayer el Tribunal, Bernardo Arce y Douglas Loría, ambos en funciones en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dieron trámite a una gestión para explotar el tajo Don Jaime, solicitada por los personeros de la compañía.
La Fiscalía acusó que, de ese tajo, se extrajo material que no había sido autorizado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y que una parte de ese material que había sido donado al MOPT para el arreglo de caminos vecinales se utilizó en obras propias en el Proyecto Hidroeléctrico Don Pedro.
"El Tribunal tiene la certeza de que hubo dolo y que se actuó para favorecer un interés particular y que se obtuvieron esos materiales con el fin de que esas empresas pudieran llevar a cabo el proyecto", concluyó la jueza.
También aseveró que no es válido el argumento de la defensa cuando de que los caminos reparados son públicos. "Consta en las pericias y la prueba documental que muchos de esos caminos no eran públicos, eran caminos privados que se abrían por primera vez. (..) A la postre solo se repararon los caminos que le interesaban al particular".
Arce Gutiérrez y Loría Coto estuvieron vinculados con las empresas Energía Global S.A. y P. H. Don Pedro, que en 1992 empezaron a construir la planta en San Miguel de Sarapiquí.
La Contraloría General de la República cuestionó la participación de Arce, quien dimitió de su cargo, junto con Loría, el 14 de noviembre de 1996
El Tribunal, no obstante, consideró que en la investigación se sobredimensionó el daño causado por los acusados y reconoció errores en las pesquisas.
Así explicó la jueza Monge la baja pena impuesta, aunque advirtió que ninguno de esos argumentos elimina la culpabilidad.
