El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) está a la espera de que el Ministerio de Salud clausure el Centro Diurno y Albergue San Rafael, ubicado en Oreamuno, Cartago, para poder reubicar a los 24 adultos mayores que viven en el lugar.

El 31 de julio el Ministerio de Salud denunció penalmente que los adultos mayores de este albergue sufren presuntos “abusos y agresiones físicas, sexuales y psicológicas”, así como “hostigamiento sexual, extorsión y abuso patrimonial”.

Salud confirmó a La Nación la denuncia planteada ante el Ministerio Público, la cual también habla de los supuestos delitos de “estafa, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos”.

Según Emiliana Rivera, directora ejecutiva del Conapam, este martes visitaron el centro para notificar a los adultos mayores de la reubicación solicitada por Salud.

“Este es un proceso que ya dio inicio con la intervención del Consejo de la Persona Adulta mayor y, como tal, se determina la necesidad de proceder con la reubicación de las personas adultas mayores y, obviamente, la información que se debe dar a cada persona.

Rivera explicó que la notificación responde al derecho que tienen las personas de conocer lo que está sucediendo; sin embargo, dejó claro que no podrá reubicar a los adultos mayores mientras el albergue no sea cerrado.

“Nosotros hacemos todo el proceso de logística, de comunicación, de información a familiares y también se comunicó al Ministerio de Salud, que es el que tiene que dar el cierre del establecimiento”, explicó.

La directora de Conapam indicó que la idea es poder buscarles a los habitantes del albergue un espacio semejante al que tienen; se les presentarán varias opciones, de manera que cada persona podrá decidir dónde ir y no sentir un cambio tan brusco.

Salud interpuso la denuncia penal contra la representante legal del centro, de apellidos Quirós Masís, y a la directora del albergue, de apellidos Granados Jiménez.

Debido a estos casos, desde el 18 de agosto, las autoridades de Salud le dieron una orden sanitaria a Emiliana Rivera, solicitando reubicar de inmediato a los residentes del Centro.

El lunes 23 de noviembre, dos días antes de que La Nación publicara sobre el caso, el Ministerio de nuevo exigió a Conapam la reubicación, esta vez amenazando con denunciarlos ante los Tribunales de Justicia por un eventual desacato a una ordenanza de Salud.

Según explicó Rivera, la razón por la que el Conapam está limitado con este albergue es que se trata de un centro privado, por lo que no pueden intervenir en el cierre o exigir un cambio de personal.

“Son organizaciones privadas, todo el proceso de cierre, de cambio de dirección o de juntas directivas, todo eso le compete el ámbito privado. Nosotros, por lo tanto, lo que habría que hacer (...) es velar porque ellos estén bien”.

“En lo que estamos trabajando ahorita es que, si hay un cierre definitivo, ofrecerles a estas personas un lugar muy similar”, agregó la directora de Conapam.

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Conapam conocía el caso

El 29 de julio del 2020, Salud también denunció la situación ante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

Según reconoció este miércoles Rivera, además de la acusación que les hizo llegar el Ministerio de Salud, ya habían recibido más denuncias de otras personas.

Sin embargo, esta directora afirmó que no existían pruebas.

“Las denuncias que se habían recibido del centro, efectivamente fueron verificadas, pero no se tuvo una evidencia clara. Para poder elevar una denuncia a las instituciones correspondientes, usted tiene que tener una evidencia clara de que se está cometiendo un ilícito”, agregó.

En abril de este año, el Ministerio de Salud giró la primera orden sanitaria a la administración del Albergue y Centro Diurno San Rafael, para que procediera a corregir un “total de 27 inconformidades en materia de salud pública”.

Ante el incumplimiento de la orden, las autoridades sanitarias realizaron una inspección en junio, donde concluyeron que existía “abuso de negligencia, inobservancia e impericia por parte de la representante legal, administradora y personal a cargo de los residentes, privando a los adultos mayores de condiciones de protección, seguridad, adecuada alimentación, cuidados higiénicos, vestimenta, educación, atención médica y supervisión”.