EscucharEl Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) compró 40 lotes en Alajuela para construir casas a personas pobres sin ningún tipo de control, determinó la Contraloría General de la República.
Esos terrenos, en Calle Pastoral, en San Ramón, se adquirieron sin estudios registrales e incluso se pagó un sobreprecio y los cheques que giró el Instituto para el subsidio fueron endosados a personas que no eran los vendedores de la propiedad.
Según la Contraloría, en la compra, que se hizo en enero del 2001, habría mediado la actual diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lilliana Salas Salazar, que ocupa la primera secretaría en el directorio de la Asamblea Legislativa. Ella, hermana del exdiputado Carlos Salas, era en ese momento dirigente del partido en San Ramón.
Fue por un pedido del exdiputado de Fuerza Democrática, José Ángel Merino, que la Contraloría decidió indagar este caso.
Determinó que aunque el IMAS pagó ¢62 millones por los 40 lotes, el que los vendió dice haber recibido ¢40 millones.
El presidente a. i. del IMAS, Fernando Jiménez Maroto, admitió ayer que el IMAS falló en la compra de los lotes porque no se ejercieron los controles debidos.
Atribuyó a esa falta de controles la participación de particulares en el manejo de los subsidios.
Manifestó que el Consejo Directivo de la entidad ordenó a la presidenta ejecutiva, Roxana Víquez que en forma urgente prepare un plan para controlar aquellos casos en los que el IMAS financia terrenos.
El caso de estos lotes, publicado ayer en este diario, tuvo resonancia en el Congreso.
La fracción del Partido Liberación Nacional presentó una moción para que se conforme una comisión que investigue a dicho instituto.
Con base en el informe de la Contraloría órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, el Consejo Directivo del IMAS acordó investigar a la diputada Salas, a la coordinadora del Área de Titulación, Mayra Trejos y al ingeniero Randall Mora.
Sin estudios
La Contraloría estudió 17 expedientes del proyecto.
En el informe se dice que no se localizó en los legajos un estudio registral del lote por adquirir, en el cual se verificara su área, los linderos, el dueño de la propiedad o la existencia de gravámenes.
La Contraloría concluye que el IMAS pagó ¢10,5 millones en sobreprecios.
Detalla que el valor de cada metro cuadrado era de ¢9.000 y el instituto pagó los terrenos a ¢13.000 el metro cuadrado.
Dice que no se encontró evidencia de que el asesor legal de ese instituto haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el otorgamiento de los subsidios.
Según la Contraloría, los beneficiarios fueron convocados por el IMAS a la oficina de la diputada Salas para que firmaran unos documentos de los cuales no conocieron su contenido.
La firma de las escritura -dice el informe se llevó a cabo en la oficina personal de Salas, ubicada contiguo al negocio “Maderas Safego”, en San Ramón, con el visto bueno del instituto.
