EscucharLa compañera sentimental del administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres Fuentes (fallecido en junio del año pasado), presentó este miércoles una querella por el delito de ofensa a la memoria de un difunto, contra los obispos José Francisco Ulloa y Ángel San Casimiro, y contra el abogado Carlos Vargas Pagán.
La querella la interpuso Kattia Salazar Zamora como representante legal del niño Julián Alonso Torres, hijo suyo y de Jorge Torres Fuentes.
La acción penal alega que los obispos Ulloa y San Casimiro, así como el abogado Carlos Vargas Pagán, difundieron a través de la prensa “expresiones falsas, difamatorias y ofensivas” a la memoria de Jorge Torres.
Según la demanda, los obispos Ulloa y San Casimiro, junto al abogado Vargas Pagán, aprovecharon que Torres murió de cáncer en junio del año pasado para atribuirle una supuesta estafa contra la iglesia y eludir así su responsabilidad como directivos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
El pasado 15 de mayo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) denunció ante el Ministerio Público la comisión del delito de intermediación financiera ilegal en la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica.
Los obispos alegan que esas operaciones financieras se realizaron sin su consentimiento y que fueron víctimas de una defraudación organizada por Jorge Torres.
Salazar Zamora afirma que Ulloa, San Casimiro y Vargas Pagán alegan la supuesta defraudación de Torres como estrategia legal para eludir la responsabilidad judicial de los obispos y que al hacerlo, “ensuciaron la memoria de mi compañero y padre de Julián Alonso, quien tiene derecho al apellido limpio de su padre”.
El presidente de la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, monseñor José Francisco Ulloa, se negó ayer a comentar sobre el tema; “no tengo nada que decir, eso está en manos del abogado, no tengo nada que decir”, repitió antes de cortar la comunicación.
No fue posible localizar al abogado Vargas Pagán y su celular se encontraba apagado o fuera de cobertura.
Acató órdenes. Salazar Zamora laboró como empleada de Servicios Pastorales y afirma que Torres era un empleado que recibía instrucciones de los obispos Ulloa y San Casimiro, así como del sacerdote Guillermo Godínez.
Junto a la querella penal, Salazar interpuso también una acción civil solicitando $3 millones como compensación al eventual daño causado a su hijo Julián Alonso Torres Salazar, al afectar públicamente la imagen de su padre.
