Castigos por violar medidas sanitarias le costaron a comercios 6.600 días de cierre

Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud a La Nación, desde el 16 de marzo de 2020 al 30 de junio del presente año, más de 600 locales debieron cerrar durante un total de 6.600 días por irrespetar medidas sanitarias como límite de aforo y protocolos de higiene. Las estadísticas muestran que las clausuras aumentaron considerablemente en el último semestre, ya que se registró una cantidad similar (3.215 días) que la concretada durante todo el año anterior (3.385). Lo mismo sucedió con la cifra de negocios sancionados, ya que el año pasado fueron 170 y en el último semestre 430.

De acuerdo con la cartera, durante 2020 se obtuvieron ¢90 millones por concepto de multas (la mayoría de un salario base, es decir, ¢464.300), las cuales pasaron al Ministerio de Hacienda para ser invertidas en la misma atención de la pandemia, mediante rubros como tiempo extraordinario y combustible. Hasta este lunes aún se encontraban 19 de esas multas en “proceso de cobro”, trámites que se han extendido por más de un año. Del total de infracciones, solo una pequeña cantidad fueron apeladas y algunas no se pudieron notificar porque el comercio cerró de manera definitiva.

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En el primer semestre de 2021, la suma por concepto de multas aumentó a ¢415 millones, pero prácticamente la mitad aún no ha sido cancelada y otra buena cantidad ha sido apelada. El Ministerio no indicó el estado de los demás procesos que han ocurrido hasta noviembre porque alegó que esos datos estarán listos hasta final de año.

Entre los comercios que han sido castigados hay desde restaurantes y bares hasta supermercados, gimnasios y salones de eventos. Entre ellos también se encuentran sitios como el Castillo Country Club en Heredia y la agencia del Banco Nacional de Puerto Viejo de Sarapiquí.

Otros nombres que sobresalen son el KFC de Grecia (Alajuela), el Maxi Palí de Nicoya (Guanacaste), el Walmart de Oreamuno de Cartago, la Corporación Terminales del Caribe de Pococí (Limón) y la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, ubicada en el sector de Hospital Mata Redonda, San José.

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Autoridades municipales consultadas por este diario habían manifestado que, aunque se aplicaran los cierres temporales, muchos negocios continuaban desacatando las medidas sanitarias y los gobiernos locales tenían poco margen de acción para castigar los reiterados incumplimientos.

Para atender la situación, el Ministerio de Salud cambió las reglas del juego el pasado 27 de setiembre, cuando emitió una nueva directriz que permite revocar el Permiso Sanitario de Funcionamiento y proceder con la clausura definitiva cuando un establecimiento comete una tercera falta consecutiva.

Anteriormente, solo se procedía con un cierre por 15 días y luego por 30 días, pero había comercios que simplemente se esperaban a que terminara el periodo de clausura para volver a abrir y continuar con los desórdenes, como ocurrió con el caso del bar Sharky’s en Tamarindo, Guanacaste.

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Consultada sobre si actualmente, con el avance de la vacunación y la diminución de casos del virus, es aceptable realizar actividades con mayores aforos, la cartera respondió que “las aperturas que considera prudentes el Ministerio de Salud son aquellas comunicadas previamente y bajo el cumplimiento de los protocolos respectivos”.

Según datos del Sistema de Emergencias 9-1-1, desde el año anterior se registran alrededor de 13.000 denuncias al mes por escándalos y fiestas en todo el país. Los picos de estas quejas comienzan al momento en que inicia la restricción vehicular sanitaria y requieren de la movilización de autoridades policiales, sanitarias y municipales para que atiendan las situaciones.

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A partir del 1.° de diciembre, los locales como restaurantes y bares podrán operar al 100% siempre que se aseguren de que todos sus clientes tienen el esquema completo de vacunación, mediante la verificación del código QR del Ministerio de Salud.