EscucharPrimera parte. Esta es la historia de un relleno sanitario que nunca recibió un gramo de basura, pero por el cual le están cobrando hoy al país más de ¢5.000 millones.
Es la historia de un contrato muy peculiar. Es la historia de un proyecto que nació muerto. Es la historia de un pueblo que dijo no y es la historia de un Estado condenado a pagar un servicio que nunca utilizó.
Esta es la historia del fallido intento por levantar un relleno sanitario en el cantón de Esparza, Puntarenas, proyecto que emprendió la administración Calderón Fournier en 1992, en medio de múltiples cuestionamientos y férrea oposición de esa comunidad y otras vecinas.
Esta historia revive hoy, no por ser la tan ansiada solución al problema del tratamiento de la basura del área metropolitana de San José, sino por el costo que las empresas Constructora Hernán Solís y Procesa (de México) reclaman, amparadas no solo en un contrato firmado por funcionarios públicos, sino en un fallo de la Sala Constitucional que le reconoció sus derechos legales.
Así, ahora el Estado enfrenta un cobro de ¢5.392.870.654, sin contar los intereses acumulados a la fecha cuando se dicte la sentencia definitiva.
Frente a ello, la Procuraduría General de la República designó al procurador Omar Rivera Mesén para oponerse a la demanda. Su meta, según reconoció, es reducir al mínimo el monto solicitado, dado que es inevitable que habrá que pagar pues la Sala IV resolvió, el 15 de marzo de 1996, que el Estado "o ejecuta el contrato con el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas, o bien paga los daños y perjuicios".
La disputa se ventila en estos momentos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que está en el proceso de recepción de pruebas por las partes. Esta instancia determinará cuánto tendrá que pagar el Estado.
Según explicó en la demanda de cobro Mélida Solís Vargas, apoderada de las firmas constructoras del fallido relleno, sus representadas se vieron afectadas cuando la administración de José María Figueres no le dio continuidad al contrato y desechó la opción de enviar a Esparza la basura.
Ese gobierno justificó su decisión en pronunciamientos de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República y de la misma Sala IV, la cual declaró que la solución al problema de la basura corresponde exclusivamente a las municipalidades.
Consultado Juan José Sobrado, abogado de Solís, remitió al texto de la demanda.
Inicio reñido
Desde el principio, el proceso para que Cabezas de Esparza recibiera los desechos del Valle Central fue un camino difícil, al punto de que la adjudicación dividió a la junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) de entonces.
Según recordó el viernes Humberto Trejos Fonseca, quien presidía la entidad, él se opuso a que la constructora Hernán Solís fuera la beneficiada, pues dijo mantenía una disputa con la CNE por una obra de dragado en Limón.
Sin embargo, los restantes compañeros sí votaron a favor y la víspera de la Navidad de 1993 se firmó el contrato que hoy da pie al millonario reclamo. Incluso, aunque el nombre de Trejos aparece al final del documento, no está su firma, sino la del exministro de Obras Públicas y Transportes Mariano Guardia. Trejos no precisó por qué no apareció su rúbrica y Guardia estuvo fuera del país el fin de semana, por lo que no se pudo obtener su explicación.
Además de la empresaria Mélida Solís, el contrato también lo suscribió el entonces ministro de Salud, Carlos Castro Charpantier.
La presión popular y objeciones por supuestos problemas ambientales, ausencia de permisos municipales, la lejanía del sitio y la alta inversión que el gobierno tenía que efectuar en centros de acopio en San José, vagones especiales para el tren, un ramal de línea férrea para llegar al sitio del relleno y la expropiación de dos fincas para instalar ese acceso generaron la polémica en aquel momento.
Asimismo, según reconoció el alcalde capitalino, Johnny Araya, el gobierno firmó el contrato a pesar de que nunca contó con el apoyo de las municipalidades del área metropolitana, las cuales se opusieron a enviar sus desechos a Esparza.
Incluso, en el reclamo que analiza el juzgado actualmente, las empresas piden indemnización por la compra del terreno (finca Elke), por el cual pagaron $1,2 millones (¢367.620.000) al anterior dueño, Tulio Murillo Kopper.
Lucha por un contrato
Desde un principio, los funcionarios públicos firmantes del contrato refrendaron el cobro durante 15 años de ¢1.296 por tonelada métrica de basura, sobre un mínimo de 1.100 toneladas diarias, durante 26 días al mes, llegaran o no los desechos sólidos a la finca Elke.
Así se comprometió al Estado a pagar ¢1.425.600 diarios. Es decir, ¢37.065.600 mensuales y ¢444,7 millones al año, que empezaron a cobrarse a partir del 24 de marzo de 1994, cuando, según reportó la empresa, el relleno ya estaba habilitado para recibir la basura.
Pero esta nunca llegó. El gobierno no construyó los centros de acopio, previstos para edificarlos en la estación ferroviaria del Pacífico en San José, ni instaló el ramal de tres kilómetros para que los vagones ingresaran a la finca.
Y el 8 de mayo de 1994, no más asumir las riendas, Figueres descartó Esparza para ese fin.
El contrato previó, según su artículo 8, inciso A, que se debería indemnizar al contratista (Hernán Solís) si por razones imputables al Ministerio de Salud y la CNE "se declara la suspensión o terminación del contrato".
Aunque la administración Figueres desistió de esa opción, el término del contrato no fue oficial hasta el 13 de octubre de 1996, cuando la CNE en su sesión 040-96 acordó denegar el pago a la constructora y no ejecutar el contrato vigente. Así lo notificó el entonces presidente de la Comisión, Jorge Arturo Castro, en el oficio PRE-229.
El reclamo
Según consta en el expediente 98-1339-163, que tramita el Juzgado de los Contencioso Administrativo, ubicado en el Segundo Circuito Judicial de San José, las firmas Constructora Hernán Solís y Procesa, cada mes presentaron puntualmente las facturas de cobro por el tratamiento de los desechos ante la CNE. (Ver: "Montos en disputa")
Además, aportaron actas notariales en las que constan los supuestos avances constructivos del relleno y el estado de disponibilidad para procesar la basura.
Con ese fundamento y amparados en la resolución de la Sala IV, su apoderada, Mélida Solís, ahora reclama el pago de los daños y perjuicios derivados del aparente incumplimiento de contrato.
También, en el análisis de los expedientes sobre el caso que llevaron tanto el Ministerio de Salud como la CNE , La Nación halló evidencia de que una vez conocida la posición de la administración Figueres sobre el relleno, Solís ofreció varias opciones e insistió en que ya el tratamiento de la basura estaba adjudicado.
"Si el gobierno quisiera cambiar ahora su voluntad en cuanto a la ubicación podríamos conversar sobre eso, siempre que se respete la ley y todos nuestros derechos conforme al contrato", dijo Solís el 6 de junio de 1994 en una nota dirigida al presidente de la Comisión, Jorge Manuel Dengo.
En la demanda la apoderada retomó el tema: "De haberse aceptado, el gobierno habría contado con una empresa que al menor costo, de aquella época y de ahora, podría hacerse cargo del problema de la basura".
Al frente, la Procuraduría pidió al juez rechazar los montos que pide la empresa "por improcedentes, irrazonables, desproporcionados, contrarios a los principios de justicia y equidad, e indemostrados".
El procurador Rivera sostuvo que al contrato se le puso fin "por motivos de conveniencia pública y razones de fuerza mayor", y pidió que en la sentencia se rechace la liquidación de intereses por los daños y perjuicios reclamados, por estar prescritos.
