EscucharEl Ministerio Público acusó por el delito de peculado a tres exfuncionarios y dos particulares, como supuestos responsables por el desvío de más de ¢17.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Las acusaciones están dirigidas contra los exempleados del fondo, Míriam Coto Gamboa, directora; Rodolfo Montero Pacheco, subdirector, y Víctor Vargas López, tesorero.
Asimismo se acusa a Marita López Cruz, accionista mayoritaria del puesto privado de bolsa América Capitales, y a Orlando Solano Arroyo, representante de la firma Asesores Financieros de Occidente (Asfisa), propiedad de López.
A cada uno -excepto Montero- se le atribuye 64 delitos de peculado continuado por las inversiones realizadas por el Fodesaf entre enero de 1997 y mayo de 1998 en América Capitales, según consta en el documento al cual tuvo acceso, ayer, La Nación. (Ver recuadro adjunto.)
Con la presentación de los cargos, la Fiscalía también solicitó al Juzgado Penal de San José que se proceda a la apertura de juicio por este caso, cuya investigación se llevó 10 meses. Las anomalías con los dineros del mayor fondo de asistencia social del país, se revelaron tras la intervención de América Capitales, efectuada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) el 8 de mayo de 1998.
Para el Ministerio Público toda la inversión del Fodesaf en el puesto de bolsa, que ascendió a ¢17.769 millones, fue "ilegal" en su totalidad y, según el documento, se hizo como parte de un "plan estructurado para sustraer los dineros". La acusación se entregó al Juzgado el viernes 26 de marzo y consta de 202 folios que se incorporaron al expediente número 98.009551-042-PE. Según el procedimiento, el juez deberá ahora citar a una audiencia preliminar.
Riesgo y provecho
La acusación señala que desde el principio los funcionarios imputados buscaron la forma de sacar los dineros del control estatal. Para ello -narran los fiscales- lograron abrir una cuenta corriente en el Banco Nacional y solicitaron a la Caja Costarricense de Seguro Social que girara hacia ella los dineros correspondientes al Fondo.
"Con ese procedimiento la Caja dejó de ejercer la competencia que le atribuía la ley en cuanto a realizar directamente los pagos a los programas y servicios de Fodesaf, perdiendo el control sobre el destino y destinatario de estos recursos", señala el legajo.
Superado el obstáculo se firmó el contrato entre Fodesaf y el puesto bursátil y de inmediato se empezaron a girar cheques, autorizados por Coto, Montero y Vargas, con el fin de "distraer los fondos".
La investigación determinó que una vez recibidos los cheques por Marita López Cruz, el dinero no siempre ingresó al puesto de bolsa. Esto porque algunos de los cheques eran endosados y depositados en cuentas bancarias de otras de sus empresas o entregados a terceras personas.
Sostiene el escrito que López "tuvo en todo momento la intención de sustraer el dinero del Fodesaf, con el cual cubrió necesidades personales, entregó dinero a familiares y liquidó obligaciones con otros clientes del puesto de bolsa". Bajo esa modalidad, entonces, López se habría apropiado de aproximadamente ¢2.200 millones, según los fiscales.
El artículo 352 del Código Penal establece que incurre en peculado el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo e impone penas de tres a 12 años de prisión. En el caso de los particulares se les puede atribuir el delito por la figura de la "comunicabilidad de las circunstancias", contemplada en el artículo 49 del Código.
Consultado Manuel Portugués, defensor de Marita López, consideró que el delito de peculado se acusa sobre bases impropias. Señaló que la Contraloría General de la República determinó de previo que Míriam Coto actuó sin facultades legales ni capacidad jurídica en la firma del contrato con América Capitales, por lo cual no existen elementos de tipo penal para que el delito pueda subsistir. "Doña Marita -dijo- no podía tener conocimiento de que doña Míriam Coto estaba actuando en forma ilegal".
Se llamó también a José María Tijerino y a Jorge Regidor, abogados de Coto y Vargas, respectivamente. El primero está fuera del país y al segundo no se le ubicó en su oficina.
