La unidad de cobalto Alcyon II, del hospital San Juan de Dios, está cerrada desde el mediodía de ayer, con lo que el tratamiento de unos 50 enfermos de cáncer quedó a la deriva.
Según confirmó la Defensoría de los Habitantes, el servicio fue suspendido por el departamento de Radiaciones Ionizantes, del Ministerio de Salud, pues hasta ayer el reloj que regula los tiempos de exposición al cobalto continuaba dañado.
Esta decisión se tomó sin asegurar el tratamiento para estos pacientes y para los que iniciarían la terapia la próxima semana, denunció la defensora, Sandra Piszk.
Por eso hoy, la Defensoría presentará una demanda ante el Ministerio Público contra las autoridades de Salud para que investigue si se ha cometido algún delito de incumplimiento de funciones o contra la salud pública en el servicio de radioterapia de ese hospital.
La Alcyon II es la unidad en la que se produjo el accidente de sobreirradiación, en 1996. En esta tragedia, resultaron afectados 115 pacientes cancerosos.
En el San Juan de Dios también funciona otra unidad, la Theratron, pero hasta ayer no se sabía si el servicio implementaría algún horario especial para que esta máquina cubra la demanda de la Alcyon II.
Desde hace más de un año se viene insistiendo en la necesidad de hacer mejoras en el servicio. Las principales recomendaciones vienen de la Organización Internacional de Energía Atómica, cuya comisión comprobó, recientemente, el incumplimiento de las medidas giradas para asegurar la calidad del servicio y evitar accidentes como el de 1996.
La Nación intentó localizar, ayer, a Rogelio Pardo, ministro de Salud, pero no estaba en su despacho. Tampoco se pudo contactar a Rodolfo Piza, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues nadie respondió las llamadas en su oficina.
Como antes
De no encontrar una salida alterna a este cierre, los pacientes que inician terapia la próxima semana verán retrasada su cita hasta en cinco meses, informó Liliana Arrieta, coordinadora del área de Calidad de Vida de la Defensoría.
"Estamos exigiendo que a los pacientes que tenían que ser tratados se les dé seguimiento en otro hospital", dijo Piszk en alusión a una carta enviada, ayer, a Rodolfo Piza y Fernando Ferraro, presidente ejecutivo y gerente médico de la Caja, respectivamente.
"¿Por qué no se arregla la máquina?, ¿quiénes son los responsables de todo esto?, ¿cuáles medidas alternas proponen para no afectar más a los enfermos? Son preguntas que hasta ahora, nadie ha querido contestar", insistió la Defensora.
En una revisión de seguimiento hecha ayer por funcionarios de esta institución, se comprobó que hay reticencia entre el personal del servicio en aplicar los protocolos y las medidas de control de calidad de las dosis aplicadas a los pacientes, entre otros fallos.