La idea propuesta por la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, para que la entidad revenda medicamentos, pañales, bloqueadores solares y toallas a farmacias y hospitales privados, o distribuidores, tropezó con un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda.
El plan pretende reducir los precios de más de 100 productos –que se venden comercialmente– al aprovechar los costos menores y las exenciones fiscales que posee la institución. Sin embargo, según un criterio del Ministerio de Hacienda enviado a la Dirección Financiero Contable, el 25 de octubre, la Caja tendría que cobrar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y retener el impuesto sobre la renta a sus eventuales clientes.
El criterio, firmado por Mario Ramos Martínez, director General de Tributación, señala que las exenciones otorgadas a la CCSS, a través de la Constitución Política y otras normas legales, aplican solo para la adquisición de bienes y servicios que sean “útiles y necesarios para el cumplimiento de los fines propios de la seguridad social”.
“En conclusión, debe entenderse que la procedencia de los beneficios fiscales que goza la CCSS en relación con los tributos que gravan los bienes y/o servicios y que deben ser adquiridos por la Caja Costarricense del Seguro Social son únicamente aquellos que resulten útiles y necesarios para el cumplimiento de los fines propios de la seguridad social”, expresó Ramos en el escrito.
Además, agregó que “sí debe cobrar el IVA en la venta de medicamentos” si avanza el plan propuesto por la Presidencia Ejecutiva de la entidad pública. También, la CCSS tendría que retener el impuesto sobre la renta derivado de las ventas de medicamentos y contar con un sistema de facturación para dar trazabilidad a las operaciones.
Por último, la Dirección General de Tributación concluyó que para que la CCSS “pueda incursionar en este negocio” se debe reformar la normativa vigente.
Lo expuesto por el Ministerio de Hacienda se contrapone a la intención de la expresidenta ejecutiva de la CCSS, quien buscaba que con la venta de medicamentos a través de la institución se abarataran los costos.
“Somos uno de los países en el que el costo de los medicamentos es de los más altos”, comentó Esquivel en una sesión de Junta Directiva realizada en agosto. La reducción del precio de los medicamentos es una promesa de campaña de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, que no ha podido cumplir.
En agosto, la Sala Constitucional anuló un decreto ejecutivo firmado por Chaves en junio de 2022 para homologar el precio de las medicinas importadas.
No obstante, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma ante la Sala IV, en donde la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de que violentaba el derecho a la salud y podía poner en peligro la salud de los pacientes (expediente 22-026589-0007CO).
La PGR argumentó que con el decreto se dejó al Estado sin la potestad de exigir siquiera estudios clínicos cuando un importador registraba medicinas extranjeras, además de que se dispuso que, si un medicamento posteriormente resultaba nocivo, Salud procedería a cancelar la autorización cuando ya las personas lo habían consumido.
La Caja ha insistido en el plan de vender medicamentos a terceros pese a un criterio inicial de la Dirección Jurídica que recalca que la naturaleza de la institución no es empresarial ni comercial. También, pese a la oposición de algunos miembros de la Junta Directiva cuando este tema se discutió en mayo y junio, y a las dudas planteadas por organizaciones como el Colegio de Farmacéuticos.
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¿En qué estado queda el proyecto?
Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, declaró que existe un interés de la nueva presidenta ejecutiva de la CCSS, Laura Ávila Bolaños, de impulsar este proyecto. Ávila era la jefa de Despacho de Marta Esquivel y fue nombrada en el alto cargo el 20 de noviembre debido a que un juez suspendió por seis meses a la exjerarca, imputada en el caso judicial conocido como Barrenador.
“Se tiene que definir con la Gerencia Financiera si con los sistemas actuales es posible hacer la recaudación del 4% del IVA y, adicionalmente, cuál sería el mecanismo para generar facturas electrónicas”, comentó Vega.
El gerente de Logística compartió el criterio del Ministerio de Hacienda pues, desde su punto de vista, la Caja está exonerada del IVA para su operación en centros médicos públicos, aspecto que no aplicaría si la institución entra en una actividad comercial como la que se plantea.
“En ese escenario (de venta de medicamentos), si la Caja no cobra el IVA, sería una competencia desleal con el resto de las distribuidoras” de medicamentos, enfatizó el funcionario.
A nivel logístico, Vega dijo que la CCSS tendría todas las condiciones para cumplir con la adquisición y venta de medicamentos a terceros, pero evadió responder si, con el pronunciamiento de Hacienda, el proyecto podría cumplir con el objetivo de abaratar los costos.
Este martes 3 de diciembre, el director jurídico de la CCSS calificó de “información muy raquítica” la primera versión del plan de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para vender medicamentos a farmacias y hospitales privados