EscucharEl Ministerio Público apeló ayer la sentencia de sobreseimiento dictada en favor de Juan Antonio Robles Aguilar y Enrique López Gómez, acusados en una causa ligada a la debacle del Banco Anglo Costarricense (BAC).
Mediante un recurso de casación, los fiscales solicitaron que se anule el convenio mediante el cual los imputados pagaron ¢80 millones al Estado como “reparación integral del daño”, una figura de negociación estipulada en el Código Procesal Penal y que les evitó comparecer a juicio.
Ambos enfrentaron cargos por el supuesto delito de fraude de simulación pues aparentemente traspasaron temporalmente varias propiedades para evitar un posible embargo tras la quiebra del Anglo, en setiembre de 1994.
En dicha causa la víctima –el Estado–, representado por la Procuraduría General de la República, reclamó inicialmente un pago civil por más de ¢1.100 millones y a pesar de esa cifra negoció por los ¢80 millones.
El caso generó incluso la renuncia del ministro de Planificación, Danilo Chaverri, después de que el mandatario Abel Pacheco dijo que lo “embarcó”, al aconsejarle autorizar dicho arreglo.
Sin fundamento
En su escrito, presentado ayer ante el Tribunal Penal de San José, la Fiscalía adujo fallas en la fundamentación de la sentencia redactada por los jueces Alcides Mora, Gerardo Segura y Jeannette Castillo.
“Los juzgadores en ningún momento procedieron, como así lo exige la ley, a exponer las razones por las cuales consideraban que la reparación integral del daño resultaba razonable y proporcional. Aspecto que incluso requería una valoración de las objeciones hechas por el Ministerio Público, ya que se consideró en la reparación una indemnización por daño social”, puntualizó la apelación.
Los fiscales explicaron que la Sala IV, en su voto 6753-98, indicó que en los delitos en que se produce un daño social, el Ministerio Público debe valorar si admite o no la reparación legal ofrecida, situación que se obvió en este caso.
