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El Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José desestimó una denuncia interpuesta desde el Poder Ejecutivo contra la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, y contra la empresa china Huawei.
A Machuca se le atribuían los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley.
Por su parte, a Huawei Technologies Costa Rica S. A. lo vinculaban con supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
“El trabajo honesto y responsable prevalece cuando los hechos son sometidos al escrutinio de las instancias competentes. Este proceso deja, además, una reflexión más amplia: la importancia de resguardar la independencia y el rol de los órganos de control interno, cuya labor contribuye de manera esencial al fortalecimiento de la transparencia y a la generación de confianza en la ciudadanía”, dijo Machuca tras conocerse el fallo.
“Ejercer ese rol, con apego al deber legal e independencia, nunca ha sido —ni será— una tarea cómoda; pero sí es una tarea necesaria, que debe realizarse libre de presiones indebidas. Y en ese camino, la integridad no es negociable. Desde la Auditoría Interna continuaré ejerciendo mi labor con valentía, convicción“, agregó.
La denuncia interpuesta en su contra se remonta al 11 de diciembre del 2024. A Machuca Flores se le reprochaba, entre otras cosas, la falta de supervisión en un acuerdo de dación entre el ICE y Huawei.
Un acuerdo de dación (o dación en pago) es una figura legal en la que una deuda no se cancela con dinero, sino con bienes o servicios.
Según la queja planteada ante el Ministerio Público, en lugar de cobrar una multa a Huawei por incumplir un contrato, el ICE aceptó equipos de la empresa china como compensación. Estos equipos, además de ser catalogados como obsoletos, permitieron que Huawei se convirtiera en proveedor para un nuevo negocio.
Ese arreglo, de acuerdo con las autoridades, habría resultado más caro para el ICE, ya que se desechó una oferta alternativa más económica.
A la funcionaria también se le recriminó no haber supervisado ni fiscalizado la alta concentración de contratos adjudicados a Huawei, a pesar de que informes previos de la Auditoría Interna habían advertido sobre esta situación.
El documento presentado ante la Fiscalía también atribuyó a Huawei presunto tráfico de influencias, argumentando que la empresa organizó un evento el 26 de abril del 2024 en un hotel en La Sabana, al cual asistieron funcionarios del ICE y representantes sindicales.
“Durante el evento, se ofrecieron beneficios exclusivos como comidas, estadías y servicios de lujo. Esto ocurrió mientras Huawei mantenía relaciones contractuales activas con el ICE”, detalla la denuncia.
Según las autoridades, estos beneficios habrían buscado influir en las decisiones administrativas de los funcionarios públicos.
Machuca Flores aseguró ser víctima de persecución política
Tras la desestimación de la denuncia, que se tramitó en el expediente 24-000461-1218-PE, Machuca explicó que la resolución concluye que ella sí actuó conforme a su deber funcional “de manera oportuna” y, además, reconoce que se promovieron coordinaciones interinstitucionales orientadas a la debida atención del caso.
“Se confirma que las actuaciones que se me pretendieron imputar no correspondían a mis responsabilidades directas, sino a otras instancias dentro de la administración. Estos elementos no solo sustentan la desestimación; también evidencian con claridad la distancia entre lo que se afirmó públicamente de manera temeraria y lo que fue acreditado en sede judicial: la denuncia es carente de sustento jurídico”, aseveró mediante un comunicado de prensa.
“Este resultado acredita la verdad y confirma que mi actuación se ha mantenido, en todo momento, dentro del marco de la legalidad, con rigor técnico, independencia, probidad y apego irrestricto a los principios de la función pública. Nuestro sistema democrático está diseñado para que cada instancia ejerza su rol con independencia y responsabilidad”, agregó.
Machuca Flores rechazó desde el inicio las presuntas irregularidades que el Ejecutivo plasmó en la denuncia y, el 12 de diciembre del 2024, aseguró ser víctima de una persecución política por parte de diversos actores que hacía meses habían intentado involucrarla en temas sin conexión con su labor.
El 4 de marzo del 2025 trascendió que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a esta funcionaria y declaró entonces que, como nunca antes, había recibido presiones del gobierno y de entes externos por realizar su labor de fiscalización.
