EscucharEl Ministerio Público retomó la investigación por el atentado de La Penca, Nicaragua, acaecido en 1984, y asignó a tiempo completo una fiscal para estudiar el caso, a raíz de una querella que presentó --el 27 de mayo-- el comité de víctimas perjudicadas por la mortal explosión.
El jefe del Ministerio Público, Carlos Arias, confirmó que la fiscal Paula Guido está dedicada exclusivamente al estudio de los hechos de La Penca, un fallido intento de asesinato contra el entonces comandante guerrillero antisandinista Edén Pastora, durante una conferencia de prensa. Murieron tres trabajadores de la prensa y 19 quedaron heridos.
Según Arias, el trabajo de Guido está muy avanzado y tras el examen de la mayoría de los tomos ella informó de que "no existía peligro de prescripción".
Falta todavía hallar un tomo que se encontraba en un juzgado --explicó Arias--, pero en cuanto sea encontrado y finalizado el estudio, la fiscal dará curso a la querella. Durante una década, el caso de La Penca tuvo pocos avances en los tribunales de justicia.
La Nación intentó hablar con Guido, pero no fue posible contactarla.
El nuevo impulso a las pesquisas coincidió con una resolución de la Sala Constitucional, emitida el 26 de junio. El fallo establece que no han prescrito las acusaciones contra el finquero estadounidense naturalizado costarricense, John Hull, a quien se le acusa de ser uno de los presuntos autores intelectuales del hecho.
Contra él están pendientes denuncias por homicidio, lesiones, y actos hostiles, según confirmó su abogada, Yelba Mairena.
En La Penca, en la orilla nicaragüense del río San Juan, murieron --el 30 de mayo de 1984-- la periodista estadounidense Linda Frazier, del semanario The Tico Times, y Jorge Quirós, camarógrafo de canal 6. El asistente de la misma empresa de televisión, Evelio Sequeira, falleció una semana después del hecho.
El presunto responsable de colocar el explosivo, quien entonces fue identificado como Peer Anker Hansen (nombre falso), nunca fue capturado.
No a la impunidad
La decisión del Ministerio Público fue recibida con alegría por el comité de víctimas. "Me produce mucha satisfacción. Es un acto de justicia frente a los periodistas y en defensa de los derechos de los costarricenses a la vida, a la soberanía y a la autodeterminación", manifestó el periodista Roberto Cruz, sobreviviente del atentado.
Cruz firmó la querella junto con Luz María Solano viuda de Sequeira y por María del Rosario Piedra, madre de Jorge Quirós. Piedra murió atropellada hace un mes en Pavas.
La acusación de las víctimas pide promover una acusación penal contra Hull y Felipe Vidal --presunto agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA)-- por homicidio calificado como autores mediatos, homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones gravísimas, graves y leves.
También demanda investigar y procesar a otras personas mencionadas en un informe del fiscal Jorge Chavarría, elaborado en 1989, entre ellas, funcionarios de mediano y alto rango de la CIA, al exembajador de Estados Unidos en Costa Rica, Curtin Winsor, a exintegrantes de la guerrilla sandinista y a exfuncionarios de las administraciones de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y de Luis Alberto Monge, en Costa Rica.
"Pedimos que se tomen las medidas necesarias para ponerle fin a esa situación de impunidad, promoviendo una investigación amplia y profunda de los instigadores extranjeros del crimen, así como de los costarricenses que actuaron como cómplices y encubridores", demanda la querella.
Cruz sostiene que el caso no ha prescrito pues Costa Rica es signatario de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y porque fue presentada antes de los 15 años en que se extinguirían los delitos, entre otras razones.
La abogada Yelba Mairena solicitó en diciembre pasado la extinción de las acusaciones contra Hull.
En su criterio, a pesar de los escritos de las víctimas, nunca fue presentado un acto que interrumpiera la prescripción.
El finquero, de 79 años, huyó del país hacia Estados Unidos, el 29 de julio de 1989. Costa Rica ha pedido su extradición en dos ocasiones sin resultados positivos hasta el momento.
El informe del fiscal Chavarría encontró evidencia de que la CIA organizó el atentado. Según ese documento, Hull colaboró en la preparación y encubrimiento de la agresión.
Otra versión avalada por una comisión legislativa estableció que Peer Anker Hansen fue un terrorista argentino afín a los sandinistas, cuyo verdadero nombre era Vital Roberto Gaguine. Este murió en Argentina, en 1989. Ni Chavarría ni las víctimas respaldaron esa versión.
