29 octubre, 1997

El trueque de municiones por armas, realizado en mayo de 1996, entre el Gobierno de Costa Rica y la Industria Militar de Israel (TAAS) no cumplió con los requisitos legales exigidos por la Contraloría General de la República.

Así se afirma en el informe que sobre la transacción de armamento con Israel fue enviado por esa dependencia al Ministerio Público el 20 de octubre anterior, para que indague la presunta responsabilidad de los exministros Juan Diego Castro, Bernardo Arce, el exviceministro de Seguridad Oscar Albán Chipsen y el exproveedor de Aviación Civil, Jorge Arguedas Medina, en supuestas anomalías.

Juan Diego Castro envió ayer a este diario un artículo en el que afirma que su actuación en todo este caso fue limpia y que no tiene nada que temer y así lo hizo saber al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República.

Aduce que por no haber sido notificado aún por los funcionarios de la Contraloría sobre el resultado del estudio, le resulta imposible referirse en detalle al contenido de ese documento.

El canje consistía en que nuestro país entregaría a Israel proyectiles de desecho de diferentes calibres a cambio de ametralladoras Neguev, cinturones negros, fundas para portar pistolas, portacargadores para pistolas Jerichó, portaesposas y portarradios.

Paralelamente a este trueque, el Gobierno también inició gestiones para comprar armas a Israel por la suma de ¢143 millones, financiadas por la Dirección General de Aviación Civil.

Esta negociación culminó con una aparente pérdida para el país de ¢132,8 milllones por aparente dualidad en los precios de las armas israelíes y con un excedente de armamento valorado en unos ¢90 millones que el país aún debe.

En el informe -del cual La Nación tiene copia- se concluye que el Ministerio de Seguridad, en ese entonces dirigido por Juan Diego Catro, entregó los materiales del trueque sin firmar un contrato previo con la compañía TAAS que garantizara su cumplimiento.

También se cuestiona la forma en que los pertrechos fueron sometidos a una doble cotización solo en el lapso de diez días, mediante la cual pasaron de ¢398.112.685 a un precio de ¢143.146.227,00, o sea ¢254.966.458 menos.

Tras confirmar que el exministro Juan Diego Castro, al parecer, efectuó la negociación con base en el precio menor, la Contraloría no encontró evidencia documental ni testimonial sobre alguna gestión para negociar bajo los términos del primer avalúo, considerado por esa entidad como más favorable.

Mientras tanto, la empresa israelí presentó, según el organismo contralor, dos ofertas. Una el 8 de abril por $596.000, y otra -de fecha 10 de mayo-, por $702.700.00. Ambas se refieren a las mismas clases y cantidades de equipo ofrecido. Al final, la transación se hizo con la segunda oferta.

Sin contrato

"No se localizó en los documentos analizados por esta Contraloría General relativos a este canje, evidencia de que se haya formalizado, por escrito, un contrato entre el Ministerio de Seguridad Pública y la emprea TAAS", se consigna en el informe.

Aunque la entidad estima que el procedimiento de contratación directa usado por el Gobierno fue correcto, en el estudio se advierte que eso no eximía a la administración de firmar un contrato con la compañía vendedora y el refrendo contralor.

Señala que el 29 de mayo de 1996, la oficial mayor de Seguridad Pública, Vilma Granados Solera, le advirtió a Juan Diego Castro sobre la necesidad de proceder a la firma de contrato con TAAS -debidamente refrendado por la Contraloría- antes de entregar las municiones.

No obstante, el 31 de mayo de 1996 Oscar Albán Chipsen, viceministro de Seguridad, dio la orden de entregar los pertrechos.

¿Como se tejió?

El 12 de abril de 1996 el ministro Juan Diego Castro le escribió una nota al presidente Figueres, en la que le comunica que es imposible canjear con Israel las municiones debido a la diferencia de precios entre los proyectiles ofrecidos por Costa Rica y las armas que prometió Israel.

Castro le dice que los pertrechos fueron tasados por el Ministerio de Hacienda en la suma de ¢398.112.685, mientras el costo total del equipo que recibiría Costa Rica suma $596.000,00, lo que refleja una diferencia desfavorable de $1.374.855.

La Contraloría adujo que no encontró documentos que indiquen que TAAS se opuso a negociar con base en el primer avalúo.

Sigue el trámite

Pese a que Castro le señaló a Figueres la imposibilidad legal de continuar con el trámite, la operación siguió adelante.

El 16 de abril de 1996, la oficial mayor, Vilma Granados Solera, le solicitó a la Tributación Directa reconsiderar la primera tasación. Entre otras razones, señaló que "su estado no es normal ya que no garantiza una percusión efectiva".

El 22 de abril siguiente, Tributación Directa emitió una segunda cotización de los pertrechos por ¢143.146.127,70, es decir, ¢254.966. 458 menos respecto del primer avalúo.

"El nuevo valor asignado a la munición equivale a la suma de $704.771,44, cifra que coincidentemente se acercaba a una de las ofertas que Israel había presentado el 10 de abril de 1996 por un monto de $702.700.00", dice la Contraloría.