EscucharUn día típico de Angélica Beina consiste en levantarse, vestirse, comprar algo de comer para su hijo y vender dulces en el centro de San José. “La gente nos ayuda mucho. A veces nos dan comida. Y cuando no, pues yo le compro algo a él de lo que vendo”, relató la mujer venezolana.
Al no poder cruzar a Estados Unidos debido a las rígidas políticas migratorias del presidente Donald Trump, Costa Rica se convirtió en un país de paso para ella y otras familias migrantes. Solo en enero de este año, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró 226 personas varadas en espacios públicos.
Al quedar “atrapados”, muchos de estos migrantes recurren a trabajos informales para subsistir, pues no cuentan con documentos migratorios ni permisos de trabajo. Cortar zacate, trabajar en construcción, cuidar vehículos o realizar actos artísticos en semáforos son algunas de las labores que emprenden.
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No obstante, cuando no logran acceder ni siquiera a esas oportunidades, algunas familias optan por vender productos o pedir dinero en zonas céntricas, con alto flujo de personas. Esto representa un problema importante, ya que al viajar con sus hijos se ven obligados a llevarlos consigo, exponiéndolos a condiciones difíciles en la calle.
“¿Quién me va a cuidar a los niños mientras yo voy a trabajar? Estoy entre la espada y la pared”, comentó Luis, un padre soltero que vende popis en el centro de San José, junto a sus dos hijos.
Entre el 21 de setiembre del 2023 y el 7 de julio del 2025, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) atendió a 427 personas menores de edad que estaban en estas condiciones junto a sus familias, en San José y zonas aledañas. Lo que se traduce en un caso nuevo cada día y medio.
Según la institución, la mayoría de las familias migrantes están relacionadas con el flujo migratorio sur-norte. De los 427 casos reportados por el PANI, 235 fueron mujeres y 192, hombres. Además, 124 tenían entre 0 y 6 años; 75 entre 7 y 11 años; y 228 entre 12 y 17 años.
Medidas de atención
De acuerdo con información suministrada por el Patronato, en Costa Rica hay 58 oficinas locales, así como Departamentos de Atención y Respuesta Inmediata (DARI), encargadas de atender denuncias sobre personas menores de edad que venden o piden dinero en las calles.
Al recibir una alerta, la institución se desplaza al lugar y realiza una valoración de riesgo conforme al Modelo de Gestión de los Procesos Atencionales y el Protocolo de Negligencia. A partir de esa evaluación, los funcionarios toman una decisión técnica que puede implicar el archivo del caso, seguimiento o el inicio de una resolución administrativa.
En casos migratorios, se explican los alcances de la legislación costarricense sobre los derechos de las personas menores de edad.
Si se trata de personas costarricenses, se brinda un apercibimiento y se les remite a una oficina local para dar seguimiento psicosocial y legal. Luego de esa investigación, se les inicia un Proceso Especial de Protección, que puede incluir medidas como la participación en procesos socioeducativos, referencias a otras instituciones o incluso el cuido provisional del menor.
De las 427 personas menores de edad atendidas, 287 eran originarias de Venezuela, 59 de Colombia, 31 de Ecuador y el resto eran provenientes de Perú, Nicaragua, Haití, India, Irán, Rusia y Turquía. Solo una persona menor de edad costarricense figura en los registros del PANI, lo que evidencia el carácter marcadamente migratorio de esta problemática.
En casos en los que los menores sean migrantes, el objetivo del PANI es trabajar con la familia presente en el momento de la intervención. Sin embargo, si se determina una situación de riesgo grave, la institución también coordina con entidades homólogas en otros países para ubicar al resto del núcleo familiar.
Durante el período mencionado, del 21 de setiembre del 2023 y el 7 de julio del 2025, el PANI protegió a 19 personas menores de edad mediante estas alternativas. No obstante, la institución subrayó que Costa Rica, como país garante de derechos humanos, siempre procurará que los niños, niñas y adolescentes permanezcan con su familia.
“A mí el PANI no me ha molestado, y para que me quiten los niños tienen que hacerlo a la fuerza, porque no me los voy a dejar quitar”, enfatizó Luis, consultado sobre si ha recibido algún tipo de visita del Patronato.
El hombre contó que acudió al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pero le dieron una cita para dentro de dos meses.
Para él, los tiempos de respuesta institucional son “demasiado largos”. Angélica, por su parte, mencionó que su cita para gestionar el permiso laboral fue programada para el 2026, por lo que también deberá esperar mucho tiempo para ser atendida.
Es por ello que, tanto Angélica como Luis, enfatizaron que, ante la espera institucional, una de las soluciones para muchas familias es vender los productos o solicitar dinero en las calles acompañados de sus hijos.
Acciones estatales
De acuerdo al PANI, “se ha logrado ver una disminución” de menores de edad vendiendo productos o pidiendo dinero en las calles. La institución enfatizó en que, muchos de los casos registrados, son familias que no están en el flujo migratorio sur-norte controlado por el país, “esto quiere decir que vienen por otros medios donde el control es ajeno al gobierno”.
No obstante, la institución indicó que, a la fecha, trabaja junto con entidades para atender estos casos como la Dirección General de Migración y Extranjería, la Policía Profesional de Migración, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Asimismo, cuando detectan situaciones de explotación sexual, laboral u otras formas de violencia, las autoridades interponen las denuncias correspondientes y aplican los protocolos establecidos para garantizar los derechos de las personas menores de edad.
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Proyecto de ley
Un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa propone sancionar con penas de cárcel a padres, madres o encargados que permitan o utilicen a personas menores de edad en la mendicidad. La iniciativa busca garantizar a los niños y jóvenes un entorno sano y seguro, libre de cualquier tipo de explotación o abuso.
Se trata del plan de Ley para declarar delito la utilización de personas menores de edad a la mendicidad, expediente N.° 24960, presentado por la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Luz Mary Alpízar Loaiza.
La iniciativa establecería penas de prisión de seis meses a dos años para quienes promuevan o faciliten la mendicidad de un menor, de forma activa o pasiva, al permitirle solicitar dinero u otros beneficios en espacios públicos o privados.
Si es la primera vez, se advertirá a los padres o encargados responsables y se les recordará su obligación de mantener al menor en el sistema educativo.
Asimismo, contempla una pena de seis meses a un año de prisión por “explotación indirecta para la mendicidad”, cuando los adultos estén pidiendo dinero acompañados de menores.
La pena aumentaría en ocho meses si la persona menor de edad tiene una discapacidad física, mental o sensorial; si se utiliza violencia, coacción, amenazas o cualquier forma de intimidación; así como que la conducta se reitere en un plazo de cinco años, o que se obtenga un beneficio económico o ilícito que exceda la simple recepción de limosnas o donativos.
La iniciativa también dispone que la situación deberá ser reportada al PANI e IMAS.
