EscucharLas llamadas telefónicas de improperios, burlas, bromas y obscenidades saturan el servicio de emergencias 9-1-1 e impiden que las verdaderas urgencias sean atendidas con mayor celeridad.
Solo el año pasado los operadores del 9-1-1 atendieron 5,6 millones de llamadas, de las cuales 4,6 millones fueron falsas alarmas, es decir el 82 por ciento, reveló ayer Herman Güendel Umaña, jefe de operaciones de ese servicio.
Diciembre fue el mes en que recibieron más avisos falsos, pues ingresaron poco más de 569.000.
“Esto provoca un trastorno grande. La ciudadanía genera un retraso en la atención de emergencias por el mal uso que le dan al servicio”, recalcó Güendel.
Quienes llaman al 9-1-1 nunca escucharán la señal de ocupado, aunque los 20 operadores que trabajan en cada turno de 12 horas estén atendiendo otras consultas.
Esto se debe a que el sistema informático ordena las llamadas de acuerdo al momento en que ingresaron, pero algunas personas optan por colgar y volver a marcar, lo que retrasa su atención.
El problema es que en promedio los operadores deben contestar 82 veces el teléfono para atender un pedido de emergencia real, pues el resto son calificados como “basuras”.
Sin embargo, Güendel dijo que la mayor cantidad de consultas se atienden en menos de 12 segundos. En la que más tardan, responden en un minuto.
“Llaman a decir improperios o vulgaridades a las compañeras, y muy pocos simulan accidentes pero en la mayoría de estos casos se detecta la mentira durante el protocolo de preguntas o porque el número telefónico que dan no coincide con el que aparece en la pantalla”, afirmó el funcionario.
Multas
El propietario de la línea telefónica de donde se realiza la llamada falsa se expone a una multa de ¢28.000 (la cuarta parte del salario de un oficinista), pero si reincide puede perder la línea.
Aunque el dueño del teléfono no haya realizado la llamada tiene que pagar la infracción, que se cobra en los recibos telefónicos por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Ya enviamos al ICE la primera lista de personas que hay que multar”, indicó Güendel, quien no precisó de cuántos se trata.
No obstante, la mayoría de los infractores nunca serán descubiertos por lo que no pagarán la multa, pues utilizan teléfonos públicos para realizar las bromas al servicio de emergencias.
Según Güendel, un 95 por ciento (4,3 millones) de las llamadas provienen de esos aparatos y la mayoría se realizan en San José.
La mayor cantidad de bromas las hacen niños, pues el grueso de llamadas ingresa en las horas que coincide con los recreos o con las salidas de lecciones.
Ante esto, el servicio de emergencias imparte charlas en algunos centros educativos y capacita a los maestros para que enseñen a los estudiantes a utilizar el sistema de forma adecuada.
Cada persona que tenga una línea telefónica celular, domiciliaria o comercial tiene que pagar por mes ¢76 para financiar la línea 9-1-1.
En el país hay 1,9 millones de líneas telefónicas, entre fijas y móviles, lo que genera ¢144 millones mensuales.
