EscucharDurante muchos años estuvo sembrada de marihuana y sirvió como sede de un clan familiar, algunos de cuyos miembros fueron condenados por tráfico internacional agravado de drogas, el 25 de junio de 1997.
Era una finca de dos kilómetros cuadrados, ubicada en Chánguena de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, que fue propiedad de los hermanos Vargas Hidalgo. Ahora, tras superar lentos trámites administrativos y judiciales, podría ser subastada, de acuerdo con un plan del Centro Nacional de Prevención contra las Drogas (Cenadro).
Pero no solamente ese inmueble, que comprende potreros, árboles frutales, zonas boscosas y surcado por caminos en buenas condiciones, irá a remate, también, un buen lote de autos, casas, joyas y otras fincas correrán la misma suerte.
La subasta se realizará antes de marzo, una vez que la Procuraduría General de la República dé la autorización correspondiente, informaron a La Nación el viceministro de la Presidencia, Rogelio Ramos, y el director ejecutivo del Cenadro, el exjuez José Daniel Hidalgo.
Ambos explicaron que están haciendo los preparativos necesarios para anunciar el remate y que oportunamente se dará a conocer la lista oficial de los bienes.
Además serán ofrecidos al mejor postor otros objetos menores como cámaras fotográficas, máscaras de buceo, patas de rana, cañas de pescar, lentes, esclavas, anillos, aretes y maletas. Todo, confiscado a los narcos.
Por ahora ya se tiene preparado un reglamento que se dará a conocer en los próximos días.
Los bienes sujetos a subasta son aquellos -muebles e inmuebles- sobre los cuales ya existe una sentencia firme de los tribunales contra los narcotraficantes que los utilizaron en sus actividades y han sido inscritos en el Registro Nacional de la Propiedad a nombre del Cenadro.
Ramos e Hidalgo destacaron que el remate se podrá realizar gracias a que durante los últimos ocho meses se ha puesto orden en el control de los bienes decomisados, lo cual ha permitido elaborar un inventario detallado de las incautaciones.
En setiembre del año pasado, este diario publicó un reportaje en el que se informó sobre el descontrol en el manejo de esos bienes durante los últimos cuatro años. ¿Consecuencia?: 60 autos y 20 furgones con severos daños y la inexistencia de un inventario que permitiera ubicar cada cosa.
Ramos aseguró el viernes pasado que con la elaboración del inventario se tiene un mejor criterio para determinar cuáles bienes serán rematados y cuáles podrían ser donados o prestados a otras entidades para la lucha antidrogas.
Añadió que tienen la misión de sacarle el mejor provecho a esos recursos para que "no sigan siendo los bienes de difunto que fueron durante mucho tiempo y que los mantuvo en el abandono".
Buena cosecha
En la lucha del país contra el narcotráfico, los dos últimos años han sido los más fructíferos, según las estadísticas del Centro de Inteligencia Conjunta Antidrogas (CICAD).
Durante 1997, los cuerpos especializados arrebataron alrededor de 7.853 kilos de cocaína a un grupo de 97 presuntos narcos detenidos por las autoridades en 61 operativos.
Aunque en 1998 se confiscó un poco menos de ese alcaloide -7.382 kilos-, la cantidad de detenidos ascendió a 153 personas en 63 operativos.
Como resultado de esas acciones policiales, durante 1997 se confiscaron ¢14,7 millones y $268.854. En 1998, las autoridades se incautaron de ¢51,3 millones y $465.061. En total, ¢218,4 millones decomisados.
Ramos destacó que el ingreso de esos fondos a las arcas del Cenadro ahora es más ágil debido a la estrecha coordinación que existe entre esta dependencia y los tribunales.
Precisamente, en diciembre del año pasado, el Consejo Superior del Poder Judicial recordó a los jueces que el dinero que se decomise en colones debe ser depositado directamente en las cuentas que tiene el Cenadro para esos fines.
También les recordó que cuando se trate de bienes inmuebles o muebles en la parte dispositiva de la sentencia, los jueces deben consignar que la inscripción registral debe hacerse a nombre del Cenadro, lo que permite que esta entidad entre en posesión del bien con mayor rapidez.
Sobre el préstamo de vehículos decomisados para uso de instituciones oficiales, Ramos informó de que hay un total de 85 autos en esas condiciones.
Por ejemplo, la Policía de Control de Drogas (PCD) -del Ministerio de Seguridad Pública- tiene en uso 26 vehículos, el Ministerio de Justicia, 40 y el Ministerio de Educación Pública, 13.
El Viceministro de la Presidencia advirtió que todos los vehículos prestados tienen su póliza de seguro al día, ya que la política del Cenadro es no prestarlos si antes la institución beneficiada no asegura el bien.
Trazando el Camino
¿En qué se beneficia el país con el remate de esas propiedades incautadas a los narcotraficantes?
De acuerdo con disposiciones legales, los dineros que se recauden con la subasta y los que están ingresando de los decomisos en efectivo, serán destinados a las actividades de prevención contra las drogas que realiza el Cenadro, sobre todo con el programa Trazando el Camino que se iniciará paralelamente al curso lectivo de este año en todos los colegios.
Este programa tiene como objetivo capacitar a los profesores guías y orientadores en la detección del consumo de narcóticos entre los estudiantes y la intervención temprana para evitar mayores perjuicios.
Con ese objetivo se imprimieron 93.000 guías para educadores y alumnos, con un costo de ¢15 millones.
Uno de los pasos más importantes de este plan se dio en diciembre anterior cuando 61 asesores regionales del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) recibieron capacitación por parte de dos expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en materia de prevención antidrogas.
Posteriormente, esos asesores se reunieron con profesores guías y orientadores a quienes transmitieron sus conocimientos.
En criterio de Rogelio Ramos, Trazando el Camino será utilizado como propuesta modelo para otros países latinoamericanos.
