El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) confirmó un daño ambiental en el área de protección de la quebrada Los Negritos, en barrio Escalante, San José, por causa de los movimientos de tierra para construir una torre de apartamentos de diez pisos por parte de una desarrolladora vinculada a los hijos del canciller Arnoldo André Tinoco.
Según el Sinac, la afectación ocurrió en una zona de 3.748 metros cuadrados (m²) y su recuperación es prioritaria mediante reforestación, sembrando 387 árboles.
Se trata del proyecto Escalante Verde, desarrollado por la empresa Di Escalante Verde S. A., el cual ofrece apartamentos desde los $120.000 en adelante.
La Junta Directiva de esa firma está encabezada por Philip Michel André Sánchez como presidente, mientras que su hermano, Arnoldo Frederik, es el tesorero.
El desarrollo se ubica 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, en el distrito Carmen, en una propiedad −que consta de dos fincas registrales de 12.296 m²−, donde pasa la quebrada Los Negritos, un bien demanial que pertenece al Estado.
La afectación del área de protección del cauce, de dominio público, equivale al 30,4% del terreno previsto para este condominio, de acuerdo con los datos del Sinac.
La Ley Forestal protege las zonas aledañas a los cauces entre 10 y 50 metros en zonas urbanas, y sanciona con penas de prisión de tres meses a tres años a quien invada estas áreas de conservación.
Los espacios de protección pertenecen al Estado debido a su interés ambiental y social. La ausencia de cobertura forestal puede generar procesos de lavado del suelo por erosión y la incapacidad para infiltrar agua puede desembocar en inundaciones.
Parte de las propiedades donde se pretende levantar esta nueva torre, en barrio Escalante, se encuentra en una zona de riesgo de inundaciones.
Inspección por solicitud de la Procuraduría
La construcción de la torre todavía no ha comenzado. Por ahora, solo se han hecho movimientos de tierra. Los daños fueron detectados por Jorge Gamboa Elizondo y Randall Araya Villalobos, funcionarios de la oficina subregional del Sinac en San José, quienes realizaron una inspección in situ el pasado 14 de enero, según el informe N.° SINAC-ACC-OSJ-inf-0074-2026.
Siete días después, el 21 de enero, Lioudmila Malomuzh Malomuzh, jefa a. i. de esa dependencia, hizo una “estimación del daño o degradación ambiental de los recursos naturales” ocasionados en ese proyecto, por solicitud de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
En este último documento (CARTA-SINAC-ACC-OSJ-0097-2026), se consignó que “el objetivo primordial para la Administración Forestal del Estado (AFE), como ente regulador de los recursos naturales, es que las áreas de protección deberán ser libres de las obras invasoras, para lo que se requiere la demolición de estas obras y retiro de escombros".
Estas las condiciones son idóneas para el establecimiento de cobertura forestal boscosa, a fin de brindar nuevamente los servicios ambientales y ecosistémicos.
‘El proyecto cuenta con todos los permisos’
La Nación buscó una reacción de Di Escalante Verde S. A. Mediante su encargada de prensa, la firma no se refirió a los daños ambientales detectados por el Sinac. Solo insistió en que cuentan con todos los permisos y que tienen un plan amplio de compensación.
“El proyecto cuenta con todos los permisos, visados y autorizaciones requeridos por las autoridades competentes para su construcción. Cada etapa ha sido tramitada conforme al marco legal vigente, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
”Se trata del único desarrollo en barrio Escalante que incorpora más de 6.000 m² de zonas verdes, concebidas no simplemente como una amenidad, sino como una decisión ambiental del diseño. Esta integración responde a un compromiso claro con el entorno, la protección ambiental y el valor paisajístico de las zonas de protección, entendiendo que el desarrollo urbano debe dialogar de manera responsable con su contexto.
”Asimismo, fue presentado un plan de compensación amplio y técnicamente estructurado que contempla acciones concretas en materia ambiental y social. En el componente ambiental, incluye un plan de reforestación en distintas ubicaciones de la zona, así como mejoras en el sistema de clasificación y gestión de residuos del Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa", recalcó la compañía.
Causa penal en la Fiscalía Ambiental
La Procuraduría solicitó esos estudios al Sinac porque figura como víctima, en representación del Estado, en una causa penal que se sigue contra Di Escalante Verde S. A., en la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, por “el presunto delito de invasión a un área de protección de un cuerpo de agua”, en este caso en específico, la quebrada Los Negritos, que es estatal.
Actualmente, el caso está en investigación y se tramita bajo el expediente N.° 25-000021-0611-PE, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Este diario contactó a Evelyn Aguilar Méndez, de la Dirección de Derecho Penal de la Procuraduría, para conocer los alcances de la pesquisa en curso, pero alegó que no podía referirse porque, de momento, “es de carácter privado, en concordancia con el artículo 295 del Código Procesal Penal”.
Costo del daño ambiental y social
En la carta enviada a la Procuraduría, Malomuzh Malomuzh, del Sinac, también hizo una estimación del costo del daño ambiental y social. Allí consignó que la recuperación del área afectada costará ¢3.483.000, el dinero necesario para “sembrar 387 árboles en área afectada 3.748 m² (3X3) de especies autóctonas”, calculando que cada árbol cueste ¢9.000.
A ese monto recalcó se le debe sumar ¢1.044.900 por costo social, “como los beneficios que dejó de percibir la sociedad por consecuencia de la afectación o ausencia de la cobertura vegetal y boscosa de las áreas de protección de la quebrada”. En total, la afectación asciende a ¢4.527.900.
Alerta previa de Setena
Esta no es la primera vez que una institución estatal señala posibles anomalías ambientales en este proyecto inmobiliario. La Secretaría Técnica Ambiental (Setena) había detectado un conjunto de “incumplimientos graves” en la construcción.
El 5 de junio del 2025, tras una inspección en el sitio, la Setena determinó que se comenzó a remover cobertura vegetal y a mover tierra sin avisarle, a pesar de que la empresa tenía la obligación de hacerlo.
Los trabajos empezaron “sin que a la fecha se encuentren habilitados los instrumentos de control y seguimiento ambiental” y sin que se hubiese hecho el depósito de la garantía ambiental, que asciende a $324.350, el equivalente al 1% del monto de la inversión total.
Tampoco se había designado al responsable ambiental y ni se había habilitado la bitácora ambiental digital.
El desarrollador incurrió en los incumplimientos a pesar de que obtuvo la viabilidad ambiental desde abril del 2018. Inicialmente, se la otorgó a la empresa Estudio Presidencial S. A., representada por el actual canciller André.
Incluso, es a él a quien le notificó la Setena las faltas encontradas, según consta en la resolución N.° 0772-2025-Setena, del 5 de junio del año pasado.
Sin embargo, en el expediente en que se tramitó la viabilidad ambiental (N.° D1-18944-2016-Setena), hay un documento, con fecha del 4 de diciembre del 2018, en el que Arnoldo André Tinoco y su hijo Philip André Sánchez le informan a esa secretaría que el condominio Escalante Verde cambió de desarrollador.
A partir de ese momento, sería la firma Di Escalante Verde S. A. −en lugar de Estudio Presidencial S. A.− el responsable del proyecto.
Riesgo de inundaciones
La propiedad se encuentra en una zona de riesgo de inundaciones, según consta en las clasificaciones elaboradas por la Municipalidad de San José y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Actualmente, la Sala Constitucional estudia un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de San José y la Setena por el regidor josefino Brandon Guadamuz Villalobos, del Frente Amplio (FA), el cual recibió la coadyuvancia de 101 vecinos.