El exministro de Trabajo Farid Ayales, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario San Rafael, en Alajuela, pidió ser trasladado de cárcel con el argumento de que padece una enfermedad terminal.
La solicitud fue presentada el lunes por la abogada Gloria Navas, con base en el artículo 461 del Código Procesal Penal.
Esa norma establece que si el condenado sufre alguna enfermedad que no pueda ser atendida en el penal, es posible ordenar el traslado a un establecimiento con las condiciones adecuadas.
La petición se presentó ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, que espera los dictámenes médicos para resolver.
Mientras, el exjerarca de Trabajo permanece en la Clínica Bíblica desde el martes, adonde fue llevado para que se le practiquen exámenes con el fin de controlar su mal.
Tanto la abogada como autoridades de Adaptación Social confirmaron que la salud del recluso se ha deteriorado.
“Padece una enfermedad terminal. El tratamiento no se le puede dar de manera adecuada. Él está en una casita con 32 reos y tienen un solo baño”, dijo Navas.
Ayales ingresó al centro penitenciario San Rafael el 27 de marzo, luego de que la Sala Tercera confirmó una condena de cuatro años de cárcel en su contra por el delito de concusión.
Los jueces determinaron que Ayales cometió el delito al ordenar el cobro por la entrega de tarjetas de trabajo a inmigrantes nicaragüenses, durante la administración de José María Figueres Olsen (1994-1998).
Custodiado
El director del Instituto de Criminología, Eugenio Polanco, confirmó ayer que Ayales fue trasladado al centro médico en un vehículo del Ministerio de Justicia. En el hospital permanece bajo custodia policial y con esposas.
Según Polanco, Ayales se ha sometido a chequeos realizados tanto por su médico particular como por el infectólogo de Adaptación Social, para evitar que contraiga otras enfermedades.
En caso de que el Juzgado acoja la solicitud, también deberá indicar el lugar adonde será trasladado Ayales, que podría ser su casa, un centro médico u otro local penitenciario más abierto.
Actualmente se da seguimiento a 15 reclusos quienes gozan de ese beneficio, aunque cada año se reciben unas 50 solicitudes, señaló el Ministerio de Justicia.
Uno de los casos más polémicos se registró en 1989, cuando fue condenado a 12 años de prisión el exdirector administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Roque Di Leoni Badilla.
A él se le concedió la casa por cárcel porque padecía de cáncer en la nariz, lo cual, aparentemente, no se comprobó.