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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) revisará todas las actuaciones de los funcionarios que estuvieron relacionados con el pago –en el 2002– de ¢642 millones a la empresa italiana Cantieri Construzioni Cemento.
Las autoridades del AyA encargaron a los abogados de la entidad que analicen si existe alguna posibilidad legal de recuperar el dinero entregado a la compañía italiana, como resultado de un laudo arbitral, y evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.
Así lo confirmaron ayer el presidente ejecutivo del AyA, Everardo Rodríguez, y el subgerente de la institución, Olman Chacón.
La revisión legal emprendida por el AyA se efectuará después de que una investigación de La Nación reveló ayer la existencia de vínculos entre la exsubgerente del AyA, Ligia Céspedes; el abogado de la firma Cantieri, Luis Salas Ross, y el abogado designado por Cantieri para ser su árbitro en el conflicto con el AyA, Luis Fernando Bolaños Vargas.
Los nexos entre ellos son previos al inicio del arbitraje. La entonces subgerente de AyA integraba una sociedad anónima junto con Salas Ross y Bolaños Vargas.
Los tres tienen –además– un vínculo en común a través del Bufete Calderón y Asociados, ya que Céspedes es esposa de Gerardo Bolaños Alpízar, exdiputado y socio de ese despacho, quien ahora cumple prisión preventiva por su participación en el escándalo CCSS-Fischel.
También, durante el proceso arbitral, Luis Fernando Bolaños Vargas trabajaba en el Bufete Calderón y después de ese proceso, Luis Salas Ross también se integró a ese conjunto de abogados.
La investigación de este diario reveló que el monto que la empresa italiana reclamó pasó de ¢127,8 millones a ¢1.522 millones en el lapso de un mes, en diciembre de 1999.
Comportamiento similar
El diputado Humberto Arce, del Bloque Patriótico, manifestó ayer que, en su opinión, lo ocurrido en este litigio entre el AyA y la empresa Cantieri guarda similitud con lo sucedido en los casos ICE-Alcatel y CCSS-Fischel.
Agregó que en agosto de este año su oficina comenzó a recopilar información sobre el tema del arbitraje entre Cantieri y AyA.
“Veo que en este tema hay sobrados elementos para que intervenga el Ministerio Público. Creo que hay una coincidencia en la manera de operar, en los personajes que intervienen y en sus vínculos con el Bufete Calderón y Asociados”, comentó Arce.
El presidente ejecutivo de AyA, Everardo Rodríguez, expreso: “Después de lo publicado, encargamos a nuestros abogados revisar si existe algún portillo legal para recuperar el dinero y analizar la posibilidad de presentar una denuncia penal contra los funcionarios que corresponda”.
El litigio comenzó después de que Cantieri concluyó la construcción de las obras del alcantarillado público de Limón, que había sido destruido por el terremoto de abril de 1991.
Por las obras, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pagó ¢2.319 millones a la empresa italiana, pero esta argumentó que había incurrido en mayores gastos debido a fallas en el diseño original del AyA.
Ante el reclamo de ¢1.522 millones presentado por Cantieri, los árbitros fallaron que la institución estatal debía pagar ¢642 millones.
