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Los autobuseros deberán respetar, sin excepción alguna, las paradas oficiales o, de lo contrario, estarán desacatando una orden de la Sala Constitucional.
El alto tribunal resolvió a favor de dos ciudadanos que presentaron un recurso contra la empresa de buses Tuasa por efectuar una parada no autorizada frente a su casa.
En el fallo, se ordena a la empresa suprimir esa parada y se señala la obligación de cumplir con las paradas establecidas por ley.
El fallo también enfatizó la responsabilidad de las autoridades del Consejo de Transporte Público (CTP) y de la Policía de Tránsito en cuanto a tomar medidas para que se respete la disposición.
Las dos personas que presentaron el recurso viven en Villa Bonita de San Antonio del Tejar de Alajuela, donde Tuasa brinda su servicio de transporte.
La Nación intentó ayer contactar a la vocera de Tuasa, Ana Madrigal, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
Control. El director del CTP, Javier Vargas, manifestó que desde antes del fallo ya se le había ordenado a Tuasa que no se detuviera en lugares no permitidos.
Agregó que las empresas de buses que irrespeten las paradas oficiales, se exponen a sanciones administrativas que podrían desembocar en el retiro de la concesión.
Por su parte, el director de la Policía de Tránsito, German Marín, dijo que constantemente realizan operativos para detectar irregularidades en transporte público.
Sin embargo, reconoció que no cuentan con el personal necesario para atender todas la rutas. La multa para los choferes por realizar paradas no autorizadas es de ¢5.000.
