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Muchos de los indígenas de Alto Telire, en Talamanca, no reciben la atención médica usual de un Ebáis. En algunas zonas el acceso es imposible por tierra e incluso es dificultoso por helicóptero. Además, por las características del terreno se complica en época lluviosa.
Sin embargo, una sentencia de la Sala Constitucional obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Ministerio de Salud y a otras instituciones a brindar el servicio de atención integral que se da en todo el país.
Este tema ha sido discutido en dos sesiones de Junta Directiva de la institución: el 13 y el 27 de noviembre.
Mauricio Solano Corella, director médico del Área de Salud de Talamanca, expresó durante la sesión que hay al menos 2.400 personas de la etnia cabécar que viven dispersas en 18 pequeñas comunidades en 16.000 hectáreas de bosque. Es una densa zona montañosa y sin acceso vial, donde solo puede llegarse caminando durante varios días o en helicóptero.
Dos de estas comunidades, Bajo Blei y Piedra Mesa tienen puestos de visita periódica, donde los profesionales de salud llegan cada tres meses. Cada gira dura dos semanas.
“De las 18 comunidades ‘bajan’ estos puestos caminando, muchos de ellos durante días”, expresó Solano.
Mariela Marín Mena, viceministra de Salud, añadió: “los riesgos no son solo para los habitantes, también para los cruzrojistas y paramédicos. Se pasa por ríos y terrenos muy quebrados”.
¿Qué dijo la Sala Constitucional?
El 31 de octubre, en la resolución 2025035602, la Sala ordenó a la CCSS, al Ministerio de Salud y al Servicio de Vigilancia Aérea a elaborar e implementar, en un máximo de seis meses, un protocolo integral para la atención de emergencias médicas que garantice el traslado aéreo oportuno a un sitio donde se le pueda atender.
También obliga a la CCSS y a Salud a:
- Dar un abordaje adecuado y oportuno de las emergencias
- Proveer programas preventivos en salud
- Atención a grupos vulnerables (embarazadas, adultos mayores, menores de edad) con participación activa de las comunidades indígenas en el diseño y ejecución.
Esta resolución fue respuesta a un recurso de amparo, motivado por la muerte de una mujer por una mordedura de serpiente. Carla Alfaro Fajardo, directora de la Región Huetar Atlántica de la CCSS, indicó que ese caso nunca entró a las alertas de la institución, dados los problemas de conectividad y acceso.
Marín aclaró que en esas zonas las bases de comunicaciones con el 911 se limitan a las casas de algunos líderes indígenas y algunos de ellos cobran. Esta mujer no tenía recursos para pagar y la llamada ocurrió seis días después, cuando ya era muy tarde.
Una de las soluciones fue capacitar a 25 indígenas en primeros auxilios comunitarios.
Brechas en la atención
El fallo de la Sala Constitucional evidenció varios problemas:
- No hay un plan específico preventivo o curativo con enfoque cultural para Telire, lo que implica respetar e incluir las tradiciones, costumbres y cosmovisión del pueblo indígena. Esto también involucra traductores cuando el usuario no habla español.
- Insuficiencia del servicio.
- Ausencia de servicio continuo y atención tardía de emergencias.
- Falta de programas preventivos y de atención diferenciada a grupos vulnerables.
Solano señaló que la demanda actual es de entre 80 y 120 personas. Sin embargo, si se toma en cuenta que la atención integral normada por la CCSS es de al menos 15 minutos, solo disponen de tiempo para atender a 32 personas.
“Dejaría por fuera entre 50 y 90 personas por día”, expresó.
Esto obliga a dar una atención que Alexánder Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, describió como “de choque”. En otras palabras, se le pregunta al paciente la razón de su visita y se le entregan medicamentos, sin mayor revisión detallada.
El reto de cambiar de modelo
Uno de los principales desafíos es que atender lo dispuesto por la Sala también significa cambiar la forma de atención a la que la comunidad ha estado acostumbrada durante 25 años.
“Sería decirles: ‘vamos a atender a 32 personas y el resto tiene que volver después’. Estamos hablando de gente que caminó días para llegar”, expuso Solano.
Sánchez complementó: “yo sé que es un cambio que nos ordena la Sala IV y debe atenderse, pero sí puede ser catastrófico en la aceptación de la población indígena. Lo ideal es un cambio lo más paulatino posible”.
Alfaro coincidió en que, en aras de la pertinencia cultural, la transición debe hacerse poco a poco: “la gente no va a entender si les hablamos de atención integral; sería muy cruel que la gente que ha caminado de ocho horas a dos días que no los vamos a atender ese día. Esto debe incluir un trabajo con las asociaciones indígenas”.
Solano indicó que los usuarios no están necesariamente enfermos. Como de antemano saben que las visitas son cada tres meses, acuden para tener los medicamentos e insumos que podrían necesitar para atender sus condiciones durante el tiempo en el que el servicio no esté disponible.
“Si me duele la cabeza dentro de 15 días voy a necesitar algo en mi botiquín”, ejemplificó.
En busca de soluciones
Marín indicó que se tiene una mesa de diálogo que pretende un trabajo a cinco años plazo. De esta mesa participan:
- Cruz Roja
- CCSS
- ICE
- AyA
- Vigilancia áerea
- Bomberos
- Municipalidad de Talamanca
- Cámara de Salud y Desarrollo Indígena
Este no es el único enfoque, ¿cómo hacer para cumplir la demanda insatisfecha sin disparar los recursos institucionales y desatender otras funciones de la CCSS?
Solano presentó tres posibles escenarios de visita periódica:
Escenario 1. Visitas cada dos meses. La presencia de los profesionales de salud en los puestos de visita pasaría de un 9,15% del tiempo a un 14,4%. En este momento la inversión anual en horas vuelo con las visitas actuales trimestrales es $280.000 (unos ¢141 millones) y se pasaría a $455.000 (¢229,3 millones).
“El pro es que económicamente es el más balanceado, el contra es que es muy posible que no se atienda la sobredemanda que tenemos”, dijo Solano.
Escenario 2. Visitas mensuales. Se tendría todos los meses una consulta, una semana durante cada puesto. Esto significaría $671.400 (¢338 millones) en horas vuelo.
Escenario 3. Permanente. El equipo de salud se alternaría una semana en Bajo Blei y otra en Piedra Mesa. Esto significaría un costo de $1,1 millones (unos ¢556 millones) en horas de vuelo.
Alfaro también habló de la posibilidad de tener dos equipos que se alternen y estén 15 días en el sitio y 13 días descansen. En cada grupo habría un médico, un auxiliar de enfermería, un farmacéutico, un técnico de farmacia y un técnico de redes. En total, deberían aprobarse diez plazas. Las especialidades médicas viajarían tres veces al año. El costo bajaría a $656.450 (unos ¢326 millones).
El temor de Solano es que este último escenario baje la demanda, porque se diluirían los pacientes y ellos ya no necesitarían ir a cada visita por medicamentos para su botiquín.
La Gerencia Financiera de la CCSS evaluará los escenarios y dará su postura el 9 de diciembre.
