EscucharComo irrisorios y hasta "abusivos" fueron catalogados los avalúos efectuados por el MOPT en las expropiaciones de terrenos para el proyecto Ciudad Colón-Orotina, por parte de tres abogados que llevan, al menos, diez de los casos que actualmente investiga el Ministerio Público.
De acuerdo con Flora María Ulate Rodríguez, que maneja siete de las desposesiones; Rita Hernández González, que atiende dos, y Jorge Meza Mora, que defiende a uno de los propietarios, los precios por metro cuadrado que arrojaron los peritajes oficiales están fuera de la realidad.
El caso de expropiación que lleva este último jurista fue denunciado ante la Sala IV mediante un recurso de amparo, y el pasado 27 de junio dicho órgano judicial lo declaró con lugar y condenó al Estado "al pago de costas, daños y perjuicios causados".
"Hay que dejar claro dos cosas. Primero: los peritos que hicieron los avalúos para los juzgados no son privados; fueron escogidos por los juzgados dentro de una lista oficial que dan los colegios profesionales, y segundo, los precios que pretenden pagar a la gente, presionándolos con que si no aceptan ahora mismo esos precios demorarán años de años en pagarles, son viles", dijo Ulate Rodríguez.
Al respecto, el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Silva, insistió en que no retribuirá los valores que señalan los segundos peritajes.
"No es justo pagar por los caprichos porque se trata de terrenos que son rurales y que los peritos han inflado (el valor) caprichosamente", dijo ayer Silva.
Hernández González, quien atiende dos desposesiones, enfatizó que el MOPT tampoco ha tomado en cuenta al tasar el llamado daño al remanente (terrenos que pierden valor o pierden utilidad, por sufrir fraccionamiento al ser atravesados por la nueva vía).
En este sentido, el abogado Meza Mora denunció que conocía "el caso de un campesino que se presentó a la Procuraduría; le enseñaron el cheque listo por el monto que dio el Ministerio y le dijeron: "Le damos el dinero ahora mismo si nos firma un documento en donde renuncia al remanente; si no, no le aseguramos cuándo le pagaremos.'"
Al respecto, Silva se limitó a decir: "Bueno, los abogados hablan mucho... Yo creo que la Procuraduría es muy seria."
Fallo a favor
La Sala IV dio luz verde a uno de esos casos al declarar con lugar un recurso interpuesto por Franklin y Raúl Rojas Castillo contra el titular de Obras Públicas y Transportes y otros jerarcas de la institución.
En la acción, los hermanos Rojas denunciaron "prácticas inconvenientes y lesivas al derecho de propiedad" en perjuicio de su terreno, el tajo Florencia, pues no se les canceló el avalúo por ¢264.138.080.
Lo anterior lo fundamentaron en el hecho de que al no estar concluida la transacción, el lote aparece en el Registro de la Propiedad con ese gravamen. "Esto impide a los propietarios hacer cualquier transacción con la propiead, y tampoco pagan", dijo el abogado defensor.
Al respecto, Silva afirmó que tiene que estudiar la resolución de la Sala Cuarta. "Habría que ver si dentro de la problemática actual conviene continuar con el paso de la carretera por el tajo Florencia o estudiamos pasar por otra propiedad", recalcó el funcionario.
Colaboró en esta información Marianela Jiménez, redactora de La Nación.
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